Caso Cuatrecasas-Martínez. Satué tomó declaración a testigos propuestos por la defensa

Destacó la del Inspector de Educación. No se admitió la presencia de Silverio Nieto, que realizó la investigación por Doctrina de la Fe

D. José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín.
Caso Cuatrecasas-Martínez. Satué tomó declaración a testigos propuestos por la defensa.
  1. Silverio Nieto
  2. Sin acceso a la investigación de Doctrina de la Fe
  3. Cuál es el procedimiento
  4. Desconocimiento de la acusación y de las pruebas
D. José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín.
D. José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín.

El proceso canónico al profesor de Gaztelueta y miembro numerario del Opus Dei, José María Martínez Sanz, por el caso Cuatrecasas, ha tenido un nuevo episodio.

Durante todo el día de ayer, lunes, en el Seminario de Pamplona, monseñor José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín y Presidente Delegado del tribunal canónico montado ad casum, tomó declaración a las personas propuestas por la defensa.

En las declaraciones estuvo presente como notario José Luis Perucha Rojo. La presencia de monseñor Satué en Pamplona ha sido muy comentada a lo largo del día en ambientes eclesiales de esa diócesis. 

Declararon en el juicio Imanol Goyarrola, que durante estos años ha sido subdirector y director del Colegio Gaztelueta; Iñaki Cires, que era el director de Gaztelueta cuando los padres hablaron por primera vez en el Colegio en el año 2011; Imanol Tazón, inspector del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que declaró en el proceso civil; y María José Martínez Arévalo, psiquiatra, con consulta en Pamplona y que declaró en la Audiencia Provincial de Bizkaia en su momento.

Silverio Nieto

Monseñor Satué no consideró oportuna la declaración del sacerdote Silverio Nieto, que fue el encargado por parte de la entonces Congregación para la Doctrina de la fe de realizar una investigación preliminar que concluyó con el archivo del caso en ese Dicasterio y la indicación de que se restaurara el buen nombre del profesor.

Religión Confidencial ha podido saber que fue determinante la declaración del inspector del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, Imanol Tazón, que ratificó su declaración de entonces.

No hay que olvidar que, en un primer momento, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco archivó el caso después de actuar de oficio por las noticias aparecidas en los medios de comunicación.

Sin acceso a la investigación de Doctrina de la Fe

Según ha podido saber Religión Confidencial de fuentes próximas al profesor, esta fase probatoria es resultado de la iniciativa de la defensa y no de la decisión motu proprio del Presidente Delegado. La defensa del profesor ha solicitado, reiteradas veces, tanto al propio Delegado, como a la Signatura Apostólica y al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la investigación realizada por indicación de Doctrina de la fe.

Las declaraciones, a petición de la defensa, se han producido una vez que la Signatura Apostólica, en el mes de enero pasado, resolviera una serie de cuestiones que había planteado la defensa canónica del profesor José María Martínez.

 

Según fuentes del entorno del profesor, de entre esas cuestiones, la principal era que se aclarara la naturaleza del procedimiento y las normas sustantivas aplicables, sobre todo en lo referido a si se está ante un procedimiento penal, con consecuencias de carácter penal, o una modalidad de auditoría fiscalizadora de los hechos según las normas del Opus Dei, como se puede desprender de la Nota de la Signatura Apostólica de junio de 2023.

Cuál es el procedimiento

La respuesta de la Signatura Apostólica no ha clarificado la cuestión dado que, en un tono evasivo, se remite al contenido del Decreto de la Santa Sede y a la Nota de 28 de junio, con lo que se produce una especie de bucle remitiéndose precisamente a las afirmaciones que dan pie a las dudas.

La gravedad de la situación radica en que, en la práctica, el acusado no conoce a qué se enfrenta, si a un delito del Código de Derecho Canónico o a una infracción sólo prevista en los Estatutos de la Prelatura.

Indeterminación sustantiva por las consecuencias de lo que se concluirá e indicativa del permanente zigzagueo al que está sometido este proceso, que afecta a las garantías procesales del acusado, según destacados canonistas consultados por Religión Confidencial.

Otra cuestión planteada por la defensa del profesor es la nulidad de las actuaciones, dado que el Delegado había acordado la “continuación” del procedimiento después de la decisión de la Signatura Apostólica de destituir a los abogados elegidos por el acusado y admitidos primeramente y de forma expresa, por el Delegado.

Desconocimiento de la acusación y de las pruebas

Según ha podido saber Religión Confidencial de fuentes cercanas al profesor, hasta el presente la defensa de José María Martínez Sanz no ha recibido el Decreto originario sobre el que se ha articulado este juicio. Por lo tanto siguen en el desconocimiento de la acusación y de las pruebas. Monseñor Satué se ha negado, en varias ocasiones, a retrotraer las actuaciones.

Las fuentes expertas en derecho canónico consultadas por Religión Confidencial consideran que a medida que avanza el proceso se dificulta cada vez más el derecho de defensa de José María Martínez Sanz. Las reiteradas negativas a entregar el Decreto,  la acusación o las pruebas, se estaría convirtiendo en una manifiesta infracción las normas incluso de la Iglesia.

“Es insostenible en cualquier ordenamiento jurídico que las investigaciones, sean previas, preliminares, sumariales o como se quieran denominar, no formen parte posteriormente de las actuaciones que deben juzgarse. No se entiende que el obispo apueste por tener menos información que más, a no ser que todo esto ya esté sentenciado”, concluyen nuestras fuentes.

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