Martes 24/10/2017. Actualizado 01:00h

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Iglesia-Estado

La ‘ley de igualdad’ confirma el riesgo que supone para la educación diferenciada. Lea el borrador

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El anteproyecto de ‘Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación’ señala en el artículo 16: “En ningún caso los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta ley, podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública”.

Según la interpretación que se dé a la ley, ésta podría poner en peligro el concierto de los colegios de educación diferenciada, vulnerando así el artículo 27 de la Constitución española que dice: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

El anteproyecto ha sido promovido por el ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad, al frente del cual está Leyre Pajín y, como secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído, que aparecen en la imagen.

El texto dice también que “las administraciones educativas garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley, y en todo caso, en los criterios y prácticas sobre admisión y permanencia en el uso y disfrute de los servicios educativos, con independencia de la titularidad de los centros que los imparten”.

La ley crea la “Autoridad para la igualdad de trato y la no discriminación” como encargada de “proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de las causas previstas en esta ley, tanto en el sector público como en el privado”. Dicha autoridad, cuyo nombramiento corresponderá al Gobierno, podría imponer multas de hasta medio millón de euros ante “infracciones muy graves”.

Según fuentes del ministerio de Sanidad, el anteproyecto de ley ha recibido informes favorables del Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Económico y Social, y falta por hacerse público el informe del Consejo de Estado antes de su aprobación en Consejo de Ministros.

Lea a continuación el texto íntegro del anteproyecto de ley.

 

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