Campaña para el cese del director de Comunicación de la Conferencia y del Director de Auditoría

1. Un corta y pega de un topo
2. Negativa a reunirse con los obispos
3. La auditoría de Cremades
4. Factura de 1,2 millones
5. A cargo del despacho
6. Plan de Reparación Integral

El diario “El País” está protagonizando una campaña que tiene como finalidad que la Conferencia Episcopal Española destituya al director de la Oficina de Información y director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, el sacerdote José Gabriel Vera, como supuesto responsable principal del Informe “Para Dar luz” sobre la pederastia clerical en España”, y a Alfredo Dagnino, recién nombrado director de Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo de la CEE, a quien califican reiteradamente de “topo” de la Conferencia Episcopal en la auditoría que hizo el despacho Cremades&Calvo-Sotelo.  

En esta campaña coincide el periódico con Juan Cuatrecasas, el padre de la víctima del caso “Cuatrecasas-Martínez” que, antes de ayer, martes, a primera hora de la mañana, escribió un post en la red X, en el que decía, junto con las fotos de Vera y Dagnino: “Los personajes del día. Hay tahúres que juegan mejor sus bazas. Las de ellos, son de papel cartón. Se les ven las costuras a kilómetros. Estos dos personajes ni pueden ni deben seguir un segundo más ocupando puestos de responsabilidad”.

Un corta y pega de un topo

Las informaciones de “El País” sostienen la tesis de que el Informe “Para dar luz” fue "un corta y pega del que le pasó un topo infiltrado en la auditoría de Cremades (Alfredo Dagnino, hoy responsable de Compliance de la Casa de la Iglesia)".

"Una sola persona ha decidido qué denuncias son creíbles, a espaldas de diócesis y órdenes: una de cada diez”, añadía el diario de PRISA, que resaltaba que se había establecido en el informe inicial de Cremades una clasificación tanto de los momentos de la investigación de los casos como de las víctimas, con las siguientes categorías “No computa. Investigación en curso/Pendiente de resolución”.

También señalaba el diario que la CEE reconocía inicialmente 806 casos, dejando fuera más de 300 que diócesis y congregaciones religiosas habían reconocido como reales, con una clasificación de los casos como “probados”, “no probados pero verosímiles” y “no probados”.

Negativa a reunirse con los obispos

El periódico considera que esa relación a la que ha tenido acceso “se halla en el Informe que Dagnino envió a los obispos, al que ha accedido este diario y donde ha comprobado que el listado de las 806 denuncias, por diócesis y por orden, es exactamente el que luego reproduce el estudio de la CEE”.

En la noticia de ayer, miércoles, “El País” daba más repercusión al tema y afirmaba que “las principales asociaciones de víctimas de pederastia en la Iglesia exigen a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que “desacredite inmediatamente” su informe “Para Dar luz”, y “cese” a los responsables que lo elaboraron”.

Incluso afirma el diario que los representantes de las víctimas, sin especificar quiénes, aunque se entiende que Juan Cuatrecasas, “condicionan su disponibilidad a seguir tratando con la Iglesia”, una vez que la semana pasada se reunieran con el Presidente y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal, sin el Secretario General, por cierto.

Jesús Zudaire, presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos sexuales en Centros religiosos de Navarra, incluso señala a “El País” que “estamos a la espera que nos den explicaciones, y en función de ellas veremos si anulamos la próxima cita, que estaba fijada para mediados de este mes con la intención de formar ya un grupo de trabajo”.

La auditoría de Cremades

Para clarificar las ideas y enfocar el fondo de la campaña en sus verdaderos términos hay que tener en cuenta los siguientes datos.

En el mismo informe “Para dar luz”, como se lee en su introducción, se dice que “recoge las aportaciones de todos los otros estudios realizados hasta la fecha sobre los abusos sexuales cometidos contra menores, tanto en la Iglesia como en la sociedad (...) Una parte fundamental de este estudio se apoya en la auditoría legal e institucional entregada el pasado día 16 de diciembre por el despacho Cremades & Calvo Sotelo y en sus avances ofrecidos con anterioridad”.

Sería ilógico que un informe que está vivo y que tiene la pretensión de ofrecer una radiografía del estado de las investigaciones, informes y resultados sobre esta materia, no sólo en la parte cuantitativa sino también en la doctrinal, no recogiera los datos de la auditoría que fue encargada y pagada por la Conferencia Episcopal al despacho Cremades&Calvo-Sotelo.

Aunque, como se deduciría de las últimas informaciones, no fue ni el diario “El País” ni las asociaciones de víctimas las que encargaron y pagaron al despacho Cremades&Calvo-Sotelo. 

Factura de 1,2 millones

Un repaso somero del proceso, ciertamente tortuoso, de la elaboración del informe Cremades, desvela que el texto que fue enviado por el despacho Cremades&Calvo Sotelo a la CEE, y que ésta colgó de una forma un poco sorprendente, sin avisar a los medios y sin una ubicación preferente, no era más que la última versión de una serie de entregas que el despacho fue remitiendo a la Conferencia Episcopal por la persona que en ese momento dirigía el equipo, según el propio despacho.

Esa persona era Alfredo Dagnino, quien fue designado para tal función por Javier Cremades, como consta en la documentación colgada en el portal de Trasparencia de la Conferencia Episcopal.

Se trataba de un trabajo por el que se había facturado más de un 1,2 millones de euros y en el que, según indican los documentos del caso, habían participado más de 30 personas del despacho.

Hay que recordar que los trabajos entregados fueron realizados por cuatro socios del despacho, Alfredo Dagnino Guerra, Carlos de la Mata Gorostizaga, Rafael Fernández Montalvo y Gabriel Fernández Rojas; y cuatro letradas de la firma, Teresa Fernández Prieto, Blanca Alguacil Rojas, Myriam Salazar y Teresa del Riego.

A los aludidos hay que sumar los expertos y asesores externos de carácter transversal y multidisciplinar que colaboraron en el buen fin de los objetivos del trabajo y que intervinieron a lo largo de su realización. También se utilizaron otros informes recibidos del Despacho, que tienen entre autores a personas como Javier Cremades y Juan Luis Cebrián.

A cargo del despacho

¿O acaso la larga lista de nombres que, ya desde la primera rueda de prensa en la que se anunció el encargo se pusieron sobre la mesa, fueron meros señuelos por parte del despacho?

No, ciertamente. Según nuestras fuentes, en las facturas en poder de la Conferencia Episcopal consta que participaron en el proceso.

Fuentes conocedoras de las etapas de la elaboración del informe “Para dar luz” en la Conferencia Episcopal aseguran a Religión Confidencial que “la clasificación de las denuncias la realizó el equipo del despacho, y así se facturó y se nos comunicó en las distintas reuniones celebradas durante un año. Se hizo, según expresaron, contactando con todas las diócesis e instituciones eclesiales, por lo que es fruto del trabajo en equipo del despacho siguiendo una metodología presentada por el despacho y aprobada por la Conferencia”.

Plan de Reparación Integral

Apuntan además que “la clasificación habla de la situación en la que se encuentra cada uno de ellos ante la justicia (probado o no probado) y ante las propias instituciones, y del deber que las diócesis y las instituciones eclesiales tienen de profundizar en todos aquellos casos no probados pero verosímiles o no probados por fallecimiento del victimario o la prescripción del caso, para acoger a las víctimas en el Plan de Reparación Integral que se está desarrollando”.

Como reiteradamente ha señalado el portavoz episcopal el Informe “Para dar luz” es un informe vivo. En la actualidad se sigue recibiendo información, actualizando los datos y profundizando en el estudio que, como se anunció, tendrá una nueva edición próximamente.