Domingo 24/06/2018. Actualizado 01:54h

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Tribunas

Un primer balance de los estados generales de la bioética en Francia

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Salvador Bernal
Salvador Bernal

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En enero di noticia del arranque en Francia de los estados generales sobre bioética, lanzados por el comité consultivo nacional de ética para las ciencias de la vida y de la salud: la vigente ley prevé su revisión parlamentaria en 2018 (cada siete años). A lo largo de seis meses, se han ido celebrando en todo el país reuniones y debates, con participación de expertos y ciudadanos. Me parece un modo ejemplar de abordar las grandes cuestiones sociales, tan distinto de un arbitrismo español rayano a veces en la irresponsabilidad. No se puede improvisar, menos aún en materias en que un mínimo sentido de la prudencia invita a no sortear el clásico principio de cautela.

Se han ido perfilando conclusiones y enfoques –certezas y dudas- que permitirán al comité nacional presentar sus propuestas al ejecutivo, para la elaboración de los posibles proyectos de ley: el comité nacional las ha reunido en un documento de casi doscientas páginas. Como el plan de trabajo ha sido bastante exhaustivo, me referiré sólo a algunos problemas más acuciantes.

Me referí en su día a que, gracias a la seriedad del comité nacional y de otras instituciones independientes, ha sido posible tamizar promesas electorales insuficientemente fundamentadas. Así se comprobó en el extenso proceso de elaboración de la última ley sobre el fin de la vida, que lleva el nombre de sus dos relatores: Claeys-Leonetti, el primero, socialista; el segundo, conservador. Durante los estados generales se ha replanteado esta norma, a pesar de que apenas tiene dos años de vida. Pero, de momento, parece imponerse el criterio de no tocarla. Al cabo, es reforma de otra ley anterior (sólo Leonetti), aprobada prácticamente por unanimidad en 2005. El consenso se traslada más bien a la necesidad de superar el actual déficit en cuidados paliativos.

Los debates no han hurtado uno de los temas más delicados: la maternidad subrogada. Un primer manifiesto a favor provocó una fortísima reacción: no sólo la esperada del sector que suele identificarse en un sentido amplio como “Manif pour tous”; sino, sobre todo, la de quienes promovieron hace dos años la campaña pro abolición universal de la gestación para otros, a través de una convención internacional semejante a las vigentes contra la esclavitud, la tortura o el tráfico de personas. Ahí estaban conocidas feministas y líderes de la izquierda, radicalmente opuestas a la utilización y mercantilización del cuerpo femenino. De hecho, los estados generales reflejan un consenso muy amplio contra esta práctica, aunque sea legal en algún Estado americano o en otros del Tercer Mundo, con un perfil sociológico que la hace más bien odiosa.

En cambio, sobre la procreación médicamente asistida (PMA), el juego está más bien en tablas, aunque con ligera tendencia a mantener el status quo. Hoy por hoy, ese tipo de fecundación está reservado a parejas heterosexuales infértiles: prevalece el aspecto estrictamente médico -indicación terapéutica contra la infertilidad dentro del matrimonio-, frente a la posible satisfacción de un deseo personal de paternidad o maternidad, aplicación de otro nuevo “derecho universal” de última generación: el de toda mujer a la procreación, reflejo jurídico de su voluntad de ser madre.

La presión es fuerte, pero se encuentra con serios obstáculos, en primer lugar, el económico, pues el sistema de reembolso por parte de la seguridad social de los gastos médicos lleva a unos presupuestos más necesitados de recortes que de ampliación de prestaciones; además, está el problema del anonimato en la donación de gametos, frente al derecho de los nacidos a conocer su origen, reconocido mayoritariamente. De otra parte, podría también lesionar los derechos del niño, al decretar a priori la existencia de hijos sin padre, en el caso de aplicarse a una mujer sola, aun emparejada con otra. En fin, a pesar de las dudas sobre el fondo, la mayoría excluye la aceptación como acto reembolsable por la Seguridad Social. La ministra de sanidad, Agnès Buzyn, eludió pronunciarse sobre el caso ante las cámaras France Inter, “para no contaminar el debate”: todo un significativo ejemplo de cultura democrática.




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