Lunes 23/10/2017. Actualizado 01:00h

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Tribunas

Una diócesis que sabe latín

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Jose Francisco Serrano
Jose Francisco Serrano

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El Ayuntamiento de Lalín, Pontevedra, diócesis de Lugo, se ha querido convertir en la punta de lanza del laicismo norteño patrio. Siguiendo las instrucciones de la denominada Red de municipios por un Estado laico ha hecho pública una declaración de libertad de conciencia y de “aconfesionalidad” que bien pudiera servir de texto para un relato valleinclanesco. Todo vale, todo se mezcla.

Una aconfesionalidad innecesaria que, dicen los lugareños, le puede costar el puesto al joven alcalde Cuiña y que pretende dar cobertura a algo más que la ausencia en actos religiosos. Así se las gastan por la celtiberia profunda. Y además confiesan los artífices de la declaración que están invitando a otros ayuntamientos a hacer lo mismo, o parecido. 

Pero lo que no esperaban los munícipes de Lalín, cuna por cierto de notables hijos sacerdotes, es que topaban con una diócesis que sabe latín y con un obispo que sabe de teología, y que no tiene el más mínimo pudor, en clave del pontificado del Papa Francisco, de salir a las periferias intelectuales y políticas y poner sobre la mesa un texto destinado al diálogo público y al debate social.

Y lo que hace el obispado de Lugo, competente en el caso, y lo que se nota de la trabazón argumental procedente de su obispo, monseñor Alfonso Carrasco Rouco, es decir que el primer ejercicio de quien sirve a la ciudadanía es la definición de conceptos, la distinción, no la confusión.

“La “aconfesionalidad” o “laicidad” del Estado –se lee en la nota de la diócesis-  significa que éste, en sus responsabilidades e instituciones, no hace propia ninguna religión o ideología ni, por tanto, las impone a sus ciudadanos; al contrario, respeta las diferentes convicciones existentes en la sociedad, y colabora con ellas en la promoción del bien común”.

A continuación una alusión al artículo 16 de nuestra Constitución, “que defiende la libertad de todos afirmando la no confesionalidad del Estado e, igualmente, comprende el valor de la relación con una parte tan significativa en nuestra sociedad como es la Iglesia católica (art 16 §3)”.

El obispado de Lugo aclara que los cristianos no buscan privilegios. Y que “las relaciones del Ayuntamiento y las diferentes parroquias católicas se sitúan desde hace muchos años en este marco constitucional. Se reconoce así el significado de las parroquias en nuestra tierra: no solo fiestas, toponimia, patrimonio cultural y artístico, sino, y sobre todo, lugares donde se viven muchos de los valores morales que han conformado la historia y la cultura del pueblo gallego. Respetarlas y valorarlas como expresión importante del pueblo es propio de la responsabilidad política”.

La tesis es clara: No puede invocarse la “aconfesionalidad” de nuestras instituciones políticas para pretender expulsar de lo público a las instituciones religiosas.

Es más, si por algo se ha caracterizado la Iglesia, día a día, es por una voluntad de colaboración con las instituciones políticas –en particular con los Ayuntamiento– en libertad y cordialidad, para el bien del pueblo,  del de Lalín en este caso.

Una voluntad de colaboración que no es correspondida.

La pregunta siguiente es de cajón. ¿Qué ha respondido el Ayuntamiento cuatripartito? Que sepamos, nada. 


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