Martes 12/12/2017. Actualizado 01:00h

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Tribunas

La carta de los derechos de la familia

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Un artículo de...

Salvador Bernal
Salvador Bernal

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Hace pocos días, de tertulia con amigos más bien cultos sobre los problemas actuales de la familia, se me ocurrió comentar la importancia de su participación en la solución de tantas cuestiones colectivas. Ciertamente, muchos temas humanos y sociales no recibirán soluciones desde la política. Pero parece preciso que los hogares cristianos no se cierren en sí mismos, sino que acudan a los nuevos Areópagos de que hablaba Juan Pablo II. En  ese contexto, hice una referencia a la Carta de los derechos de la familia, preparada por la Santa Sede, a raíz de una sugerencia expresada en el Sínodo de obispos celebrado en 1980, y recogida en el número 46 de la consiguiente Exhortación Familiaris Consortio. Con sorpresa por mi parte, ninguno de los contertulios conocía la existencia de ese documento vaticano, publicado en 1983, como “carta de los derechos de la familia presentada por la Santa Sede a todas las personas, instituciones y autoridades interesadas en la misión de la familia en el mundo contemporáneo”.

La propuesta sinodal arrancaba de la comprobación de que familia y sociedad chocan a menudo: “la situación que muchas familias encuentran en diversos países es muy problemática, sino incluso claramente negativa: instituciones y leyes desconocen injustamente los derechos inviolables de la familia y de la misma persona humana, y la sociedad, en vez de ponerse al servicio de la familia, la ataca con violencia en sus valores y en sus exigencias fundamentales. De este modo la familia, que, según los planes de Dios, es célula básica de la sociedad, sujeto de derechos y deberes antes que el Estado y cualquier otra comunidad, es víctima de la sociedad, de los retrasos y lentitudes de sus intervenciones y más aún de sus injusticias notorias”.

Los Padres sinodales pretendían defender con claridad y fuerza a la familia contra las usurpaciones intolerables de la sociedad y del Estado. Por eso, la Exhortación presenta un elenco de derechos, que la carta posterior desarrollaría sistemáticamente, con una metodología práctica. Los autores, consciente de que estos derechos habían sido expresados ya en otros documentos, tanto de la Iglesia como de la comunidad internacional, los presentaron de modo orgánico y ordenado, con indicación de “fuentes y referencias”. En el Sínodo se habían recordado, entre otros, los siguientes derechos de la familia:

- a existir y progresar como familia, es decir, el derecho de todo hombre, especialmente aun siendo pobre, a fundar una familia, y a tener los recursos apropiados para mantenerla;

- a ejercer su responsabilidad en el campo de la transmisión de la vida y a educar a los hijos;

- a la intimidad de la vida conyugal y familiar;

- a la estabilidad del vínculo y de la institución matrimonial;

- a creer y profesar su propia fe, y a difundirla;

- a educar a sus hijos de acuerdo con las propias tradiciones y valores religiosos y culturales, con los instrumentos, medios e instituciones necesarias;

- a obtener la seguridad física, social, política y económica, especialmente de los pobres y enfermos;

- el derecho a una vivienda adecuada, para una vida familiar digna;

- el derecho de expresión y de representación ante las autoridades públicas, económicas, sociales, culturales y ante las inferiores, tanto por sí misma como por medio de asociaciones;

- a crear asociaciones con otras familias e instituciones, para cumplir adecuada y esmeradamente su misión;

- a proteger a los menores, mediante instituciones y leyes apropiadas, contra los medicamentos perjudiciales, la pornografía, el alcoholismo, etc.;

- el derecho a un justo tiempo libre que favorezca, a la vez, los valores de la familia;

- el derecho de los ancianos a una vida y a una muerte dignas;

- el derecho a emigrar como familia, para buscar mejores condiciones de vida.

Me he limitado en estas líneas, para no alargarme, a incluir el texto de Familiaris Consortio. En el fondo, quería recomendar una lectura detenida de la Carta de 1983.

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