Martes 12/12/2017. Actualizado 01:00h

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Tribunas

Valencia, laboratorio de laicismo

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Jose Francisco Serrano
Jose Francisco Serrano

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La Universidad Católica de Valencia, bueno, su vicerrector principal, el profesor de Derecho Ricardo García, hombre de amplia experiencia en cargos políticos, por cierto, ha organizado esta pasada semana un interesante curso sobre libertad de expresión y libertad de conciencia. Una adecuada respuesta a la situación que se está viviendo en esa comunidad laicismo excluyente y de asfixiante presión política.

Destacadas personalidades del mundo del derecho, de la sociedad y de los medios, han pasado por esas aulas veraniegas para analizar cómo se articula el derecho a la libertad religiosa en España y cómo se conjuga con el de la libertad de expresión.

Los datos ofrecidos son escalofriantes. En el año 2016, en la España democrática, según sus últimos datos del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, la Comunidad Valenciana es la tercera con más ataques a la libertad religiosa, tras Madrid y Andalucía. Tienen contabilizados 22 casos de atentados contra la libertad de religión, 16 actos de vejación a personas por sus creencias, 33 casos de escarnio de la religión y 99 casos en los que se margina la religión de la vida pública.

El derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, sancionado por la Declaración de los Derechos del Hombre, no puede implicar el derecho a ofender el sentimiento religioso de los creyentes. Como se ha comentado en este curso, “en España seguimos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) pero necesitamos legislación propia y la Unión Europea nos insta a legislar esta problemática con la normativa en la mano, y eso no lo tenemos”, ha lamentado.

En una materia tan sensible como la libertad religiosa y de creencias, el Estado no puede permanecer en una actitud neutral, ajena o imparcial. Convendría que se dijera que las Administraciones no deben estimular, alentar o financiar manifestaciones de libertad de expresión o artística que puedan razonablemente lesionar los sentimientos religiosos de los ciudadanos.

Tampoco es comprensible que no exista, de hecho, para los medios y la sociedad española –en los papeles sí quizás- un Observatorio de Libertad religiosa, financiado con fondos del Estado al servicio de la sociedad, con incidencia pública, capaz de trasparencia en estas cuestiones y de propuestas adecuadas a la temperatura de las libertades y de la democracia en España. 

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