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Jose Francisco Serrano
Jose Francisco Serrano

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La insistencia que, en su Memorias, refleja el cardenal Fernando Sebastián sobre la ausencia de un juicio moral del episcopado respecto al fenómeno del nacionalismo, me ha recordado una polémica periodística muy esclarecedora para la situación actual de España. Polémica a la que respondió con finura el cardenal Sebastián y que ahora resuena con renovada oportunidad.

A raíz de la publicación del documento Orientaciones morales ante la situación actual de España, de 23 de noviembre de 2006, el jurista y exPresidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga publicó una Tercera de ABC en la que sostenía que la Instrucción de la Asamblea Plenaria daba cobertura moral al nacionalismo separatista.

La respuesta a esta idea, no muy acertada, vino de la pluma del monseñor Fernando Sebastián que, junto con el entonces secretario general, Martínez Camino, publicaron una Tercera, también en ABC el 4 de diciembre de 2006, a título personal, en la que ofrecían una intersnate respuesta que ahora adquiere un valor singular. Texto que también se publicó en la Revista Ecclesia en el número de 16 de diciembre de 2006.

En el citado texto de Jiménez de Parga se plantea la cuestión acerca de la legitimidad moral no ya de una ruptura unilateral de la unidad política de España (el separatismo), sino de la eventual propuesta de que esa unidad fuera rota solicitando y obteniendo el consentimiento mayoritario de toda la sociedad afectada, es decir, de todos los ciudadanos del Estado español.

La Instrucción pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España no abordaba directamente esta cuestión, porque nadie había hecho explícitamente, con valor político real y, sobre todo, jurídico, esa propuesta. Por cierto, ahora sí que se ha hecho, y se seguirá haciendo.

Pero lo más interesante fue la respuesta que ofrecieron, en sede periodística, el entonces arzobispo de Pamplona y el secretario general de la Conferencia Epicopal: 

“Si, como la Instrucción enseña, la unidad de España es un elemento fundamental de bien común de la sociedad española, sería muy difícil, si no imposible, encontrar razones que avalen moralmente ni la mencionada propuesta ni la renuncia a tal elemento del bien común, por más que fuera verdaderamente libre y voluntaria. Nos encontraríamos ante un caso de posible legitimidad legal no sustentada en una base suficiente de legitimidad moral”.

¿Es esta conclusión unánime en el sentir episcopal? ¿Escribirían ahora, si cabe un momento más crítico al respecto, lo mismo los autores de la citada respuesta? 

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