Lunes 23/10/2017. Actualizado 01:00h

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Tribunas

Leyes y sentencias sobre el fin de la vida en Francia

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Un artículo de...

Salvador Bernal
Salvador Bernal

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            El riesgo de judicializar cuestiones sociales de máxima entidad de conciencia, es que se eternicen en procesos jurisdiccionales y parlamentarios. Algo de esto sucede en el país vecino, donde François Hollande parece vivir el final de otra vida: la política. Su tasa de popularidad es bajísima, y se baraja, incluso, la posibilidad de que el primer ministro Manuel Valls acabe sustituyéndole en el Elíseo. Aun en esas circunstancias, no parece tirar la toalla respecto de una antigua promesa en la campaña hacia la presidencia: reformar la ley sobre el final de la vida humana.

            Antes del verano, el Consejo de Estado francés dictó sentencia sobre el caso Vincent Lambert: anuló la decisión del Tribunal Administrativo de Chalons-en-Champagne, a favor de mantener la alimentación y la hidratación artificial de un paciente del hospital universitario de Reims: una persona de 39 años, tetrapléjica como consecuencia de un accidente automovilístico en 2008. La división familiar resultaba inconciliable, y los partidarios de la vida del enfermo apelaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: decretó de entrada la suspensión de la sentencia y, por tanto, volver a cuidar de Vincent.

            Sobre el caso gravita una realidad tremenda: antes de la primera intervención judicial, los médicos habían decidido detener esos cuidados, por considerarlos “encarnizamiento terapéutico”, según una expresión clásica incorporada al ordenamiento jurídico por la ley Leonetti de 2005. Pero, en la evolución de la causa judicial, se ha insistido en que el legislador no deseaba dejar a una persona morir de hambre o de sed, ni que las familias sufrieran una larga agonía de su allegado. Acudir entonces a la sedación profunda, en vez de mantener la alimentación asistida, sí supondría aplicar algo no previsto en la ley.

            La ley Leonetti fue aprobada por unanimidad en 2005. François Hollande prometió modificarla invocando “un derecho a morir con dignidad”. Pero parece que la difícil coyuntura personal no le deja despejar dudas, dentro de la complejidad del problema. Quizá por eso confió una “misión” a dos diputados ‑el propio Jean Leonetti (UMP) y Alain Claeys (PS)‑, para redactar un “texto de consenso sobre el final de la vida”.

            Mientras avanzan en la preparación del documento, con abundantes y autorizadas audiencias parlamentarias, se reiteran presiones y críticas en los medios de comunicación. Algunos comentarios van en la línea avanzada por Dominique Quinio, que vive también las últimas semanas de sus diez años como directora de La Croix: en un editorial del 20 de junio, manifestaba que no resolverá los dilemas humanos “una ley sobre el final de la vida, por muy precisa que sea, y menos aún una legalización de la eutanasia”.

            En esa línea, el genetista Alex Kahn, antiguo presidente del comité nacional de ética, tampoco ve la necesidad de reformar la ley. Para él, hay una larga distancia entre el espíritu de la norma y su aplicación. Bastaría a su entender un simple texto reglamentario para subrayar las buenas prácticas médicas y permitir mejorar el cuidado de los moribundos: “no basta modificar la ley para cambiar las prácticas”. Porque le importa mucho la continuidad entre atención médica y cuidados paliativos, que “pueden ser interpretados como una preparación de la muerte, cuando su finalidad es permitir a cada persona vivir su vida con plenitud hasta el final”.

            Se aparta netamente del criterio mantenido en la Asamblea por Jean-Claude Ameisen, actual presidente del comité nacional de ética, partidario de potenciar las directivas anticipadas, firmadas en momento de buena salud y plenitud de facultades, con dos tipos de disposiciones: unas abordarían principalmente la hipótesis de un accidente que lesione seriamente el cerebro de la víctima, para manifestar el deseo de ser mantenido en vida, hasta cuándo y con qué medios; otras precisarían el tipo de tratamientos que el paciente rechaza al final de su existencia: reanimación, respirador, nutrición e hidratación artificial, así como niveles de salud y conciencia en los que rechaza esos medios. Pero, al fin, sobre todo en casos de urgencia, el médico no tendrá a la vista esas directivas, y la familia podría informar de que el enfermo cambió luego de opinión...

            Tampoco hay unanimidad sobre la sedación profunda y continua, aunque se acepte –como la ley Leonetti‑ el principio del doble efecto: necesidad de provocar el coma del paciente, aun con el riesgo de que no tenga efectos curativos sino letales. Porque muchos médicos no aceptarán aplicar unas directivas previas que conciban la sedación como derecho del paciente: se transformaría en ayuda positiva a la muerte, en asistencia al suicidio.

            Porque –insiste Axel Kahn‑ no existe ese derecho, aunque, como declaró ante la comisión parlamentaria, “el Estado deba ayudar a la gente que sufre, y sería hasta delictivo no aliviar el dolor de quien lo sufre”. Pero no ve razón para reformar la ley Leonetti.

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