Viernes 20/10/2017. Actualizado 01:00h

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Tribunas

Jueces franceses pueden dictar una sentencia de muerte

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Salvador Bernal
Salvador Bernal

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La opinión pública francesa está expectante con el caso Lambert, pendiente de la decisión del Consejo de Estado, organismo jurisdiccional, no consultivo, como en España. Es una especie de Tribunal Supremo en materias del derecho administrativo. Por eso, conoce el recurso contra la decisión del Tribunal Administrativo de Chalons-en-Champagne, que se había pronunciado a favor de mantener la alimentación y la hidratación artificial de un paciente del hospital universitario de Reims: una persona de 39 años, tetrapléjica como consecuencia de un accidente automovilístico en 2008.

            Aunque la decisión será colegial, se ha difundido el criterio del ponente del caso, Rémi Keller, que recomienda anular la decisión precedente, y autorizar el cese de la asistencia extraordinaria del accidentado. El Consejo de Estado pidió diversos informes médicos sobre su nivel de conciencia y las posibilidades de curación. La cuestión jurídica de fondo es si la alimentación artificial supone en la práctica un encarnizamiento terapéutico, aunque no tenga posibilidades curativas. La ley Leonetti establece que los tratamientos no deben proseguirse “por una obstinación irrazonable”. Cuando se muestren inútiles o desproporcionados, o con el solo efecto de mantener artificialmente la vida, “pueden ser suspendidos o no llevarse a cabo”.

            El problema ha creado una profunda división dentro de la familia del enfermo. A falta de una declaración previa del interesado, y según la vigente ley Leonetti, el equipo médico necesita el consentimiento de esos parientes. Unos a favor y otros en contra, la decisión facultativa de cesar los auxilios fue llevada al tribunal de Chalons-en-Champagne, que decidió por la continuidad, con la consiguiente apelación al más alto tribunal.

            Según noticias de prensa, el informe pericial señala el carácter “irreversible” de la lesión cerebral de Vincent Lambert. Además, excluye la posible interpretación de sus respuestas de comportamiento como “una expresión de la intención o el deseo de respetar el juicio o tratamiento adicional”. Pero matiza que, en una situación de este tipo, y en ausencia de directivas anticipadas y de una persona de confianza, el grado de deterioro de la conciencia “no puede ser el único factor determinante” para la decisión del Consejo de Estado. Los cuidadores del hospital de Reims habían valorado reacciones de Lambert como si sugiriesen un rechazo de la atención, mientras que, para sus padres, eran signos de su voluntad de vivir.

            El ponente lamentó el primer protocolo médico que llevó a detener los cuidados el año pasado, a pesar de lo cual el paciente sobrevivió durante 31 días, hasta la primera decisión del Tribunal de instancia. “El legislador no ha deseado ciertamente que se deje a una persona morir de hambre o de sed, ni que los familiares sufran el espectáculo de una larga agonía”. Por esa razón, aconseja una sedación profunda, si la sala acepta sus argumentos.

            Tal vez ese fue el criterio aplicado por el Dr. Bonnemaison en Bayona, acusado de dar muerte a pacientes de edad avanzada, sin su consentimiento y sin el consejo de su familia o compañeros. Su proceso penal va adelante también estos días, en medio de una amplia orquestación mediática. Se une el morbo ante la muerte con la actividad de grupos de presión a favor de sus convicciones. Los partidarios de la eutanasia, como Bernard Kouchner, no dudan en presentarlo como un benefactor de la humanidad. Y, sin duda, la decisión del Consejo de Estado en el asunto Lambert puede influir también en los jueces de Bayona.

            Después de la audiencia pública del pasado viernes día 20, se espera la decisión definitiva sobre el futuro de Vincent Lambert. Tal vez el martes 24 de junio sabremos si se confirma o no la decisión medica contra la continuidad del tratamiento. Si se anula, nadie podrá convencer a los padres de la decisión de “matar” a su hijo: comenzará una jurisprudencia negativa, que influirá también en la actitud de los médicos de familia.

            La ley Leonetti fue aprobada por unanimidad en 2005. François Hollande prometió en su programa modificarla, invocando “un derecho a morir con dignidad”. Pero todo indica –criterios de impopularidad aparte‑ que ha percibido la complejidad del problema. Y ha decidido confiar una “misión” a dos diputados ‑el propio Jean Leonetti (UMP) y Alain Claeys (PS)‑, para redactar un “texto de consenso sobre el final de la vida”. 

            Como escribe Dominique Quinio en el editorial de La Croix del pasado día 20, ese dilema terrible sobre “dejar morir”, “no lo resolverá nunca una ley sobre el final de la vida, por muy precisa que sea, y menos aún una legalización de la eutanasia. Ninguna ley abolirá el sufrimiento de esos últimos momentos, evitará las divergencias familiares, ni hará saber lo que el propio paciente desearía, en el instante supremo, incluso cuando –y es deseable‑ haya registrado directivas anticipadas”.

 

 


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