Sábado 16/12/2017. Actualizado 01:00h

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Tribunas

Cuestiones bioéticas de la muerte a la vida

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Un artículo de...

Salvador Bernal
Salvador Bernal

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Este mes de septiembre está lleno de noticias bioéticas de máxima entidad. Ciertamente, no es cuestión estrictamente religiosa. Pero los problemas afectan a las convicciones, como se ha visto con las diversas confesiones británicas ante el proyecto de ley sobre despenalización del suicidio asistido. A través del semanario The Observer se conoció el texto de prácticamente todas las autoridades religiosas para comprometer al Estado en la defensa de la vida, sin excepciones: junto a Justin Welby, arzobispo anglicano de Canterbury, el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster; el obispo ortodoxo Angelos de la iglesia copta; Ephraim Mirvis, rabino jefe de la comunidad hebrea de la Commonwealth, y otras casi veinte figuras de protestantes, musulmanes, hindúes y otras religiones minoritarias. Aparte de consideraciones políticas, a las que no son ajenas quizá las primarias del partido laborista, algo habrá influido ese comunicado colectivo para que se produjera un rechazo del proyecto, con una mayoría inesperada en la Cámara de los Comunes: 330 votos en contra, frente a sólo 118 favorables.

La eutanasia no está menos empapada de sentimientos que el alumbramientos de nuevas vidas y, muy especialmente, el deseo imperioso de tener hijos que manifiestan tantas parejas; incluso, contra natura, como en el caso de las uniones homosexuales, cuando no tienen acceso a la adopción, y llegan a recurrir al alquiler de vientres femeninos (maternidad subrogada en lenguaje más jurídicamente correcto).

Todo deseo humano, dentro de una cultura tendencialmente dominante en el mundo occidental, acaba recibiendo el amparo del derecho. Al cabo, éste cede su fundamento racional, propio del orden romano, de la filosofía medieval –la tantas veces citada definición tomista de ley como ordinatio rationis‑ y de la escuela racionalista del derecho natural. La norma y el derecho dependen cada vez más desde el siglo XVIII de la voluntad y el poder, aun concebido en términos democráticos, como la voluntad general de Rousseau.

Por eso, resulta más difícil la crítica de acciones contrarias a la dignidad humana, pero factibles en el plano técnico: oponerse puede dar la impresión de rechazar el progreso científico. No sirven ejemplos del tipo Auschwitz o Hiroshima, presentados como locura de la razón, cuando en realidad son desviaciones inhumanas del orgullo de la voluntad y del poder omnímodo.

Otros monstruos no tan espeluznantes surgen en las últimas décadas, y pugnan por el reconocimiento jurídico, que consiguen poco a poco. Muchos aparecen en torno a la fecundación artificial o la reproducción asistida. No es sólo la afirmación del derecho a tener hijos, sino la capacidad de elegir lo deseado: el color de la piel o de los ojos, o el sexo del concebido. Desaparece la lucha contra la diferencia –resulta paradigmática la reciente y difícilmente más totalitaria ley del Parlament de Catalunya‑, para admitir la libre opción por el género de quien va a llevar el propio apellido. Los promotores suelen repetir que la aceptación jurídica de esas soluciones no atenta contra nadie; y así es, si no se admite que las exigencias derivadas de la dignidad de la condición humana forman parte esencial del bien común de la sociedad.

Las leyes vigentes en España –no sólo estatales‑ son más bien permisivas. Pero no llegan a la elección del sexo del bebé, como los demás países europeos que regulan el diagnóstico preimplantatorio. Pero, de hecho, si la presencia de una enfermedad genética puede llevar a la no implantación o al aborto del embrión, algo semejante sucede cada vez más cuando el nasciturus es del sexo no deseado. En algunos países nacen, como es sabido, más varones, por la acción de clínicas especializadas en fertilidad.

En Australia, el consejo nacional de salud e investigación médica acaba de aceptar la selección genética de los niños por sexo, con el fin de “reequilibrar” las familias. Hasta la difusión del caso del parto con gemelos, uno de ellos abandonado por los padres legales al nacer con síndrome de Down, muchos australianos acudían a Bangkok. Pero –siempre en el plano técnico, sin consideración ética‑ se considera que las clínicas locales tienen más calidad y ofrecen máxima seguridad a los candidatos. Aparte de que Tailandia, como otros países del tercer mundo, está reformando su legislación en contra de esas prácticas inhumanas.

En Europa presionan consorcios de clínicas privadas, con excelentes cuentas de resultados, y pólizas de seguro que cubren riesgos del proceso. Así, no hace mucho, la madre alquilada en Ohio por una pareja lesbia dio a luz, por error del laboratorio, a una niña de color negro; pero no hubo lugar a indemnización, porque nació sana...

Más allá de la religión, se impone éticamente la necesidad de seguir trabajando por la convención internacional sobre maternidad subrogada. Ha sido lanzada en países occidentales por defensores de los derechos humanos, en gran medida izquierdistas. España, pionera en la convención de Oviedo de 1995, está ahora como ausente de estos problemas decisivos.

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