La Iglesia en Sudáfrica reclama un "no" a la acumulación de ganancias de las multinacionales mineras
Acaba de finalizar una investigación del Gobierno sobre la masacre del 2012 de los mineros de Marikana
Marikana podría repetirse “si no se abordan los problemas estructurales” y si se sigue “considerando a las ganancias más importantes que a las personas”, enfatizó la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Sudáfrica.
“También es necesario que todo el país se cure de la cultura de la violencia estructural” señalaron los directores de la comisión episcopal. La investigación judicial del Estado sudafricano ha elavorado previamente un informe de 646 páginas sobre los incidentes de agosto de 2012 en la mina de Marikana. Los investigadores concluyeron que los mineros murieron como resultado de la acción policial “falaz”, lo que inevitablemente terminó en la masacre.
Los 34 trabajadores asesinados, que estaban en huelga desde hacía semanas, exigían más derechos y salarios más altos en las minas de oro de la multinacional Lonmin. La matanza sucedió el 16 de agosto de 2012 en esa explotación de platino, ubicada a unos cien kilómetros de Johannesburgo, donde las fuerzas de seguridad abrieron fuego indiscriminado contra miles de empleados que -armados con lanzas, bastones y machetes- se habían hecho fuertes en una colina. La intervención policial fue el incidente más sangriento ocurrido en el país austral desde 1994, año del desmantelamiento del "apartheid", el régimen de segregación racial impuesto hasta entonces por la minoría blanca sudafricana.
Policías negros aniquilaron a trabajadores negros
La matanza causó una auténtica conmoción en Sudáfrica, pues en Marikana, a diferencia de la época del "apartheid", policías negros aniquilaron a trabajadores negros. La violencia que generó la huelga, secundada por miles de mineros para reclamar mejoras salariales, ya había conducido al fallecimiento de diez personas -entre ellos dos policías y dos guardias de seguridad- en semanas precedentes, lo que elevó a 44 el total de víctimas mortales durante el conflicto en la mina, a los que se sumaron 70 heridos y 250 detenidos. La Comisión ha comprobado que 17 personas fueron alcanzadas por la espalda mientras eran perseguidos por la policía.
