El alcalde de Compromís Joan Ribó, lo llevará a pleno

Valencia quiere cobrar el IBI a la Iglesia. El economista Lacalle: “Desconocen lo que la obra social ahorra al Estado”

El Ayuntamiento valenciano únicamente quiere eximir del pago de este impuesto a los lugares de culto de todas las confesiones religiosas

El economista Daniel Lacalle.
El economista Daniel Lacalle.

El economista Daniel Lacalle aseguró ayer en la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”-donde fue investido doctor – que la idea de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia Católica tendría un “impacto enorme” sobre la economía, porque esas propuestas no tienen en cuenta “todo lo que se ahorra ya el Estado con la existencia de la obra social que lleva a cabo la Iglesia”.

De esta manera ha valorado Lacalle la moción que se debatirá en el Ayuntamiento de Valencia – el alcalde, Joan Ribó, es de Compromís, y gobierna con los socialistas, apoyados por Podemos – sobre el cobro del IBI de propiedades de confesiones religiosas que no se destinen al culto.

“No sólo se destinan al culto los bienes de la Iglesia, sino que sus hospitales o centros sociales, por ejemplo, suponen un ahorro mucho mayor a lo que se podría lograr con un impuesto”, afirmó el economista.

Subvenciones a ONG

Lacalle recordó que la misma institución que pretende cobrar el IBI a la Iglesia Católica – el Ayuntamiento de Valencia – es “la misma institución que promueve enormes subvenciones a ONG y otros organismos de la sociedad civil – nada en contra de ello -, y va a provocar un efecto de incidencia económica doblemente negativo: penalizan a instituciones que realizan una labor contrastada con un enorme impacto positivo social, mientras otros sí reciben y seguirán recibiendo subvenciones”.

La intención del consistorio valenciano es que, por ejemplo, la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, pague el IBI. Lacalle afirmó que España debería tener un sistema fiscal “que no penalice a las universidades que buscan potenciar la mejora de la calidad universitaria”, teniendo en cuenta además que las universidades públicas no pagan IBI.

 

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