Domingo 22/10/2017. Actualizado 01:00h

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Iglesia-Estado

El Ejecutivo está obligado a hacer respetar el orden legal

Obispado de Toledo, contundente: el Gobierno está legitimado para defender el bien moral de la unidad de España

El día anterior, se posicionó contra la secesión catalana. Ahora ofrece orientaciones desde la Doctrina Social de la Iglesia

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Ante la amenaza de secesión en Cataluña, el grupo de trabajo de la Delegación de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Toledo, (Polis) desde la Doctrina Social de la Iglesia, ha escrito un documento con una serie de orientaciones para aclarar posibles dudas, fundamentalmente, a los cristianos.

Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, con el Papa. Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, con el Papa.

El pasado 10 de octubre, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, afirmó en su escrito dominical: “Es un error que la Generalitat de Cataluña haya roto con la Constitución Española”.

Ayer a última hora de la tarde, esta delegación de seglares y laicos de Toledo, envío un comunicado a los medios de comunicación con una serie de orientaciones.

El primer punto España y Cataluña, señala que “Cataluña es parte esencial de esa realidad española desde sus orígenes y no se pueden entender la una sin la otra. Se trata de una parte del territorio español con una específica personalidad cultural y social que merece alcanzar la máxima perfección posible, en la búsqueda del bien común”.

El segundo punto “La Constitución y la Autonomía”, aclara que “en respuesta a reivindicaciones históricas de algunas regiones, se ha ido estableciendo un sistema de organización territorial mediante Comunidades Autónomas con un alto nivel de autogobierno, en el marco de la unidad nacional y de la solidaridad interterritorial. Todos estos elementos cumplen perfectamente con los criterios y principios que la Doctrina Social de la Iglesia”.

Recuerda que la sociedad catalana “fue de las primeras en acceder a la autonomía” y que con su “altísimo nivel alcanzado de autogobierno, cumple sobradamente con los principios de subsidiariedad y participación en la conformación de las decisiones públicas que propugna la Doctrina Social de la Iglesia”.

Atentado a la convivencia

 El tercer punto titulado, “La pretensión independentista: su extrema gravedad e injusticia”, subraya: “No puede existir atentado más grave a la convivencia que intentar llevar adelante dicha pretensión de ruptura. Nada la justifica, pues la construcción de una comunidad histórica como la descrita en el primer apartado es un bien moral a preservar, enriquecer y trasmitir”.

Y explica que “solamente se podría justificar un derecho a la libre determinación de un pueblo ante supuestos de persecución reiterada a la identidad cultural, lingüística, étnica o religiosa, de grave discriminación en el ejercicio de los derechos civiles y políticos o de violación generalizada de los derechos fundamentales de los ciudadanos de un territorio, algo que ha ocurrido en el contexto de los procesos de descolonización. No es el caso de Cataluña”.

Han vulnerado la Constitución

El cuarto punto del escrito del arzobispado de Toledo, “El desafío actual, referéndum, secesión y ruptura social”, desde el arzobispado de Toledo dejan claro que “se han vulnerado la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía, con la elaboración de unas pseudoleyes que ampararan un pretendido referéndum de independencia, para legitimar la constitución de una república catalana desligada de la nación y el estado español”. 

Señala asimismo, que “la ruptura social que estas actuaciones está generando, con enfrentamientos incluso familiares, es una de las consecuencias más graves y que resultarán más difíciles de afrontar y sanar”.

Desde la diócesis de Toledo también defienden la nación española y su legalidad: “Ante estas amenazas, las autoridades españolas están legitimadas para actuar en la defensa del bien moral de la unidad de la nación española y obligadas a hacer respetar el orden legal”.

Explica que la “Doctrina Social de la Iglesia, desde siempre, ha avalado el ejercicio de la autoridad en la  aplicación de la ley, así como el deber de obedecer a la misma. Y la autoridad legítima para la defensa de ese bien moral de la unidad nacional cuenta con los instrumentos legales que la constitución atribuye al Gobierno, Parlamento y Jueces y que están obligados a emplear, con prudencia y proporcionalidad, para la restitución del orden legal y la exigencia de responsabilidades legales”.

“Los cristianos y el diálogo”

En el sexto y último punto titulado “Los cristianos y el diálogo”, expone: “Se habla del diálogo como posible solución, pero para ponerlo en práctica en el nivel político, con justicia, sería necesario el previo restablecimiento del orden constitucional y la determinación de las responsabilidades que se hubieran derivado de las actuaciones realizadas. Sólo desde ahí cabría plantearse, y siempre en el marco de la Constitución, las negociaciones políticas oportunas para acometer, en su caso, posibles mejoras del régimen constitucional y estatutario”.

Además, insisten que “esa apelación al diálogo debería dirigirse mucho más allá de la mera negociación política partidista. Será necesario favorecer la creación de ámbitos de encuentro entre los propios catalanes, con el fin de restañar esas heridas abiertas. A este respecto, la Iglesia puede realizar una aportación muy importante, como señala la Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española y posteriormente han secundado muchos obispos, con llamadas a la concordia, la paz social y la esperanza, desde la verdad, la reconciliación y la edificación de la comunión”. 


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