Lunes 23/10/2017. Actualizado 01:00h

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Iglesia-Estado

Será incluida en los planes de estudio

La Asamblea de Madrid aprueba una ley LGTBI del PP con el desacuerdo de algunos de sus diputados

Los colegios públicos deberán informar de la realidad de las personas homosexuales y transexuales. Los centros concertados tienen autonomía de aplicación

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La Comunidad Autónoma de Madrid aprobará hoy en el Pleno de la Asamblea el  Proyecto de Ley de “protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid”, presentado por el PP y con las enmiendas de los grupos parlamentarios PSOE, Ciudadanos y Podemos. Algunos diputados populares están en desacuerdo con algunos puntos que recoge la propuesta. Próximamente, lo hará también la Comunidad Valenciana.

Una imagen del Día del Orgullo Gay. Una imagen del Día del Orgullo Gay.

Según ha podido saber Religión Confidencial, a varios diputados del PP “no les gusta algunos aspectos de esta ley”. Por ejemplo, la obligatoriedad de que en los colegios públicos se instruyan a los niños en los diferentes tipos de familia o de que personas vinculadas a los colectivos LGTBI acudan a los centros a exponer su forma de vida.

“La Comunidad de Madrid no tiene presupuesto para sufragar los libros de texto a los alumnos, pero sí tiene fondos para pagar libros con contenido de la ideología de género que estarán a disposición de las bibliotecas autonómicas”, comentan con cierta indignación las mismas fuentes a este Confidencial.

Consideran asimismo que el partido debería dejar votar en conciencia y admitir la libertad de voto para ciertos tipos de leyes como estas. Hasta el mismo Enrique Ossorio, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, ha admitido en rueda de prensa que no están de acuerdo con algunas de las enmiendas introducidas por los partidos de la oposición, sobre todo “con la técnica normativa que han empleado, fundamentalmente como están redactadas, pero que son subsanables”.

Por su parte, desde el gabinete de prensa del PP en la Asamblea de Madrid se aclara a Religión Confidencial que el espíritu de la ley es “la no discriminación de estas personas, lo cual no significa imponer, educar o dirigir a los niños en una determinada ideología. Por lo tanto, la ley no exige crear una asignatura”.

Las mismas fuentes explican asimismo que se trata de informar en los colegios de los derechos y de la realidad de estas personas. Una vez aprobada la ley, las consejerías de educación y servicios sociales deberán desarrollar el reglamento para aplicar la normativa en los colegios públicos. “Los colegios concertados tendrán autonomía para decidir de qué manera aplicarán o no esta normativa”, explican desde el gabinete de prensa del PP a este confidencial.

Imposición ideológica

Por su parte, el Foro Español de la Familia ha declarado en un comunicado que “las medidas en el ámbito educativo de esta ley son una intromisión directa en la manera de educar que sólo pertenece a los padres, a quienes no se les ha consultado sobre este tema”.

El presidente del Foro, Mariano Calabuig explica que “en el artículo 29.2 se recoge la elaboración de una Estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de género que se aplicará a todos los niveles y etapas formativas y que será de obligado cumplimiento para todos los centros educativos”.

Los artículos 31 y 32 del Proyecto de Ley se refieren a los planes y contenidos educativos y la inclusión de la realidad LGTBI en los planes de estudio, introduciendo como algo esencial en la educación una realidad social que es minoritaria. El artículo 34 obligará a todos los docentes a recibir formación por parte de las organizaciones LGTBI e incorporará “la realidad LGTBI y los diferentes modelos de familia a los cursos y másters de formación del futuro personal docente”.

“Bajo la apariencia de hacer frente a la discriminación del colectivo LGBTI, lo que realmente se pretende con esta ley es la imposición obligatoria de la ideología de género y de la presencia de las asociaciones de gays y lesbianas en todos los ámbitos de la vida pública y privada; y además, con el apoyo y financiación de las administraciones públicas”, afirma Mariano Calabuig.

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