Familias critican el documento “LGTBI” de Castilla y León que se distribuirá en los centros escolares
“Va contra la patria potestad, la familia y contra el interés superior del menor”, denuncia el Foro de la Familia
El presidente del Foro de la Familia, Ignacio García Juliá, ha expresado su profundo rechazo al “Protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa” que la Consejería de Educación de Castilla y León ha pasado a los centros educativos de la región.
Este protocolo tiene como finalidad establecer orientaciones, medidas y pautas de intervención a desarrollar en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla y León (PP) para conseguir la inclusión educativa del alumnado con una identidad y/o expresión de género no normativa, reza el documento de la Junta.
El presente protocolo estará en fase experimental en los centros educativos de Castilla y León hasta enero de 2019. A partir de ese momento, y una vez realizadas las modificaciones que de su puesta en práctica se consideren oportunas, su implantación será definitiva y de obligado cumplimiento en dichos centros.
El Foro de la Familia “deplora que la Junta se apresure a implantar un protocolo en las escuelas para colgarse medallas entre el colectivo LGTBI pasando por encima de los derechos de los padres y los niños", afirma Ignacio García-Juliá presidente de dicha entidad.
Imponer una visión particular de la sexualidad
Para García-Juliá, “los menores que sufren por su identidad sexual merecen todo el respeto y deben ser acompañados y defendidos frente a cualquier tipo de discriminación o agresión por este motivo. La escuela es, por supuesto, fundamental para educar en los valores del respeto, la tolerancia y la solución de los conflictos mediante el diálogo, no para imponer a los niños una visión particular de la sexualidad".
En su opinión, las iniciativas recogidas en el texto son inadmisibles al atentar contra derechos fundamentales de los padres y los mismos menores, fomentando la intromisión de los poderes públicos en el ámbito privado y usurpando funciones parentales.
En el documento, se obliga a los padres a recibir tratamiento psicológico para aceptar la supuesta orientación sexual de un menor, “mientras que el caso contrario está penalizado por las Leyes LGTBI vigentes y pronto lo estará en la región tras la aprobación de una norma de estas características”, denuncia el presidente del Foro.
No hay evidencias científicas
La entidad se refiere a una 'supuesta orientación sexual' porque “no hay ninguna evidencia científica irrefutable que asegure que un niño en proceso madurativo tiene claro algo tan importante para su desarrollo personal. Es más, según un estudio reciente del Colegio Americano de Pediatras, el 90% de los menores que se identifica con el sexo contrario al suyo vuelve a sentirse identificado con el propio pasada la pubertad. Con este tipo de iniciativas, se estaría condenado a estos niños de forma irreversible".
El protocolo también atenta contra el derecho a la intimidad de los menores, al abogar por la implantación de baños mixtos en los centros, imponiendo los derechos de una minoría frente al resto de los alumnos, y pueden favorecer otro tipo de situaciones y acosos entre los menores.
Por último, el presente protocolo privilegia a las asociaciones LGTBI, que recibirán contraprestaciones económicas por impartir charlas y realizar actividades en las escuelas a la vez que se presenta una visión particular de la sexualidad como la verdad absoluta.
