Martes 22/08/2017. Actualizado 01:00h

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Tribunas

Una sentencia en casación reabre el debate sobre laicidad en Francia

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No se esperaba una sentencia de ese estilo: el equivalente a nuestro Tribunal Supremo anuló el despido de una trabajadora musulmana de una guardería privada, que acudía con el velo islámico en contra de lo dispuesto en el reglamento de régimen interior del establecimiento.

Si hubiera sido un centro público o con financiación municipal, no habría dudas, pues así lo estableció la ley de 2004, que prohibió signos religiosos visibles en escuelas y servicios públicos. Pero no se ve claro que "haya que proteger a los niños de presiones religiosas". La frase es de la filósofa Elisabeth Bandinter (Le Monde 29-3-2013), aunque reconoce que "una guardería puede ser religiosa y totalmente privada. Los padres que la eligen son soberanos. Pero si el establecimientos recibe ayudas públicas, debe respetar el principio de neutralidad, laicidad e igualdad".

Pueden ser inexactas o exageradas las crecientes quejas de "islamofobia", pero reflejan una seria inquietud social en Francia por el avance de lo musulmán en manifestaciones externas y exigencias más o menos jurídicas. En realidad, también se deberían aplicar idénticas normas en las guarderías o escuelas judías, sobre todo en París, donde reciben ayudas municipales. Pero no parece incongruente intentar que los inmigrantes asuman los valores de la cultura occidental que les acoge, en vez de imponer los suyos, como exigen los grupos islamistas más radicales. Invocan una libertad que en modo alguno se reconoce a otros creyentes en sus países de origen.

Esto choca con la inspiración igualitaria de la república francesa. Pero no puede llevar a una equiparación del sector privado con el público. De hecho, el Tribunal Supremo francés dictó otra sentencia, el mismo 19 de marzo, que consideraba procedente el despido de una mujer que llevaba un bonnet a modo de velo islámico en una oficina privada, aunque al servicio de la Seguridad social. La Corte entiende que los principios de neutralidad y laicidad son "aplicables al conjunto de los servicios públicos, también cuando estos son prestados por organismos de derecho privado". A los empleados de esas entidades se les aplicaría idéntico criterio que a los funcionarios.

En el fondo, se trata de una cuestión de interpretación práctica del artículo 1321-3 del Código de trabajo: las restricciones a la libertad (incluida la libertad religiosa) deben justificarse por la naturaleza de cada trabajo y ser proporcionadas a su finalidad. El Tribunal considera que el reglamento de régimen interior de la guardería no cumple ese requisito, y por eso anula el despido ‑sin entrar en el fondo‑ y devuelve el caso al tribunal de apelación de París.

Pero, más allá de la técnica jurídica, estos casos han reabierto el debate sobre laicidad. Y se repite la paradoja de que quienes critican una y otra vez cualquier toma de postura por parte de católicos –como en la actual batalla a favor de la familia‑, firman ahora contra la "estigmatización y exclusión de los musulmanes". Propugnan una laicidad positiva a favor de lo islámico pues, según el artículo 1º de la famosa ley de 1905, la República "asegura la libertad de conciencia" y "garantiza el libre ejercicio de los cultos". Los firmantes del último manifiesto afirman que "el deber de neutralidad, tal como es invocado por los defensores de una laicidad de exclusión, es la negación de toda forma de diversidad. No es ni más ni menos que una censura de la expresión de una opción religiosa" (cfr. Le Monde, 29-3-2013).

Lo interesante del debate es ver que la izquierda descubre que el viejo laicismo francés atenta contra la libertad religiosa, es decir, viola derechos humanos fundamentales. Al cabo, el principio de no discriminación no se reconoce sólo en el ordenamiento francés. Figura en el Tratado de la Unión Europea, y antes en la Convención Europea de Derechos Humanos. Imponer la neutralidad religiosa, con la prohibición de manifestar externamente las propias convicciones, incluso en relaciones de derecho privado, significaría negar principios esenciales de la cultura occidental.

Sólo desde el oportunismo político se explica que François Fillon, exprimer ministro francés –bajo su mandato se prohibió el velo integral en 2010‑, abogue por extender la laicidad a la empresa privada (Le Monde, 28 de marzo). Es uno de los firmantes de una proposición de ley presentada ya en la Asamblea Nacional para reformar el Código de trabajo y permitir que los reglamentos de empresa prohíban los signos religiosos, con plena seguridad jurídica. El texto se puede descargar aquí.

Nada menos que la unidad de la nación francesa se desmoronaría de no tomar medidas urgentes... Recuerda la propuesta de Marine Le Pen, durante la última campaña por la presidencia, para prohibir llevar por la calle el velo o la kipá.

“Somos
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