Miércoles 23/08/2017. Actualizado 01:00h

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Tribunas

La pena muerte de Texas a Connecticut pasando por Roma

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A pesar de la evidente reducción de ejecuciones en Estados Unidos, sigue siendo el país del que más se habla en los medios a propósito de la pena de muerte.

Hace unos días, la inyección letal aplicada en Texas a un asesino retrasado mental, ha agudizado las campañas contra la pena capital. Con razón, pues está en el límite, también de lo legal, en un gran país que, si la mantiene en muchos Estados, es como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo, justamente el organismo que dictaminó en 2002 la no constitucionalidad de la pena máxima contra personas con un coeficiente intelectual exiguo: sería una violación de la octava enmienda, que prohíbe las penas crueles o no habituales. La Corte no detalló más, al considerar que la concreción corresponde a la legislación de cada Estado.

El reo ejecutado ahora en Texas fue condenado en 1994 por un asesinato, cometido dos años antes, cuando tenía 34. Diez años después fue diagnosticado como retrasado mental ligero: su IQ se situaba, en los exámenes neurológicos, entre 61 et 75, una cifra muy baja respecto de la media de su edad. Pero, según los criterios vigentes en ese Estado, no llega a eliminar su responsabilidad penal ni, por tanto, la ejecución. De hecho, el Tribunal Supremo no aceptó el recurso in extremis de la defensa.

En cambio, a finales de abril, Connecticut se convirtió en el Estado norteamericano número 17 en abolir la pena de muerte. Confirma el declive de la pena capital, a pesar de su pervivencia en lugares como Texas: da la impresión de que, a pesar de disponer de universidades de mucho prestigio, en ese Estado siguen prevaleciendo raíces históricas de carácter rural. En Connecticut la pena capital fue reemplazada por cadena perpetua, sin posibilidad de liberación.

Estas informaciones coinciden con la publicación del informe anual sobre la pena de muerte, elaborado por la ONG italiana "Nessuno tocchi Caino". Se habrían producido al menos 5.000 en 2011, dentro de un proceso descendente: 5.946 en 2010 y 5.741 en 2009. Dentro de la dificultad para conocer la situación real en China, los autores del informe estiman que se habría producido una disminución de mil condenas.

En estos momentos, 155 países han abolido la pena de muerte, de derecho o de hecho, a través de moratorias (siempre inciertas, como se ha comprobado en Japón). En síntesis, 99 Estados son totalmente abolicionistas, siete lo son para crímenes ordinarios, cinco han establecido formalmente una moratoria y, en 44 son abolicionistas de hecho, comprometidos a reformar su ordenamiento y que, en la práctica, no han ejecutado a nadie en los últimos diez años.

Como es sabido, en Asia la vida vale menos que en Occidente, especialmente en China, donde las ejecuciones continúan siendo consideradas secreto de Estado. En ese continente se produjo el 98,6% de ejecuciones en 2011, el 80% en China, aunque se han reducido desde que se estableció en enero de 2007 el requisito de que todas las sentencias a muerte debían ser revisadas por el Tribunal Supremo de Pekín.

Según la ONG Iran Human Rights, en 2011 habrían muerto 676 condenados: las ejecuciones se habrían triplicado en un año; alcanzan, incluso, a delitos cometidos por menores de edad, un aumento semejante al de Arabia Saudita, donde fueron ajusticiadas al menos 76 personas, según informaciones de France Presse (para Amnistía Internacional fueron 82, incluidos cinco mujeres y 28 extranjeros).

Poco puede hacerse en esos países. Se comprende por eso la presión sobre Estados Unidos. Así, a mediados de febrero pasado el Arzobispo de Miami Thomas Wenski y cinco Obispos de Florida enviaron una carta al gobernador Rick Scott, para que suspendiera una ejecución, con un argumento clásico: "Con esta acción manifestaría la creencia de la dignidad única de cada individuo y el carácter sagrado de la vida humana. Sería reconocer a Dios como Señor de la vida y más acorde con el espíritu del evangelio". Le manifestaban su preocupación por el incremento de ejecuciones: desde agosto de 2011 se había realizado una cada tres meses.

Tras la decisión de Connecticut, la pena de muerte se mantiene en 33 Estados, aunque, de hecho, sólo doce la aplicaron en 2010. El total de ejecuciones está por debajo de las 50, la mitad que diez años atrás. Y los sondeos de opinión siguen mostrando un descenso en el apoyo a la pena de muerte, demasiado alto aún entre los republicanos. No ha perdido vigencia el principio de que posicionarse contra la pena de muerte es un suicidio político, incluso entre los demócratas.

Poco puede hacer la ética civil por la abolición, pues la pena de muerte era aceptaba pacíficamente por grandes pensadores como Aristóteles, san Agustín, Kant o Hegel. Se admitía, incluso, aunque para supuestos de extrema gravedad, en la primera redacción del actual Catecismo de la Iglesia Católica, luego revisada a la luz de la Encíclica Evangelium vitae de Juan Pablo II. Pero, para muchos, aun reconociendo que no existen derechos humanos absolutos, sería beneficiosa para la humanidad una posición más radical de la doctrina social de la Iglesia.

bernal@aceprensa.com

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