Domingo 11/12/2016. Actualizado 01:00h

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Tribunas

Sin libertad religiosa en Marruecos

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Los cerca de siete mil ulemas de Marruecos apoyan por completo, como no podía ser menos, al rey Mohamed VI, tras la expulsión en marzo de misioneros cristianos extranjeros. También ellos, según el mensaje dirigido al monarca por el secretario general del Consejo superior de ulemas, hecho pública en Rabat, se oponen a las supuestas prácticas de “terrorismo religioso” que practicarían los expulsados.

Los hechos, que apenas han tenido eco hasta ahora en España, sucedieron a comienzos de marzo, justamente cuando se celebraba en Granada la cumbre de la Unión Europea con Marruecos. El reino alauita goza de un Estatuto Avanzado con la UE desde 2008, pero las relaciones no son muy fluidas. De hecho, a la cumbre no asistió el rey Mohamed VI. Al Magreb le interesa sobre todo la política agraria. Para la UE, en cambio, es preferente la solución pacífica del contencioso del Sahara y el progreso en derechos humanos. No parece que la expulsión de misioneros y voluntarios cristianos vaya en el buen camino. Aunque ciertamente la medida es menos drástica que las violentas persecuciones que los cristianos sufren cada día con más virulencia en otros países confesionalmente musulmanes.

Inicialmente, el ministerio del interior no facilitó detalles; se refirió informalmente a una veintena de personas, originarias sobre todo de Europa, que practicaban proselitismo cristiano en el Atlas-Medio, en el centro del país. Entre ellas estaban los responsables de un orfanato en la provincia de Ifrane, con pleno reconocimiento jurídico. Se aplicaban los programas escolares oficiales y los niños aprendían el Corán como en otras escuelas. Los misioneros les proporcionaban un hogar, y se comprometían a no darles a conocer la Biblia

Pero oficialmente se les acusaba de violar el derecho sobre la adopción, y de intentar propagar el evangelio contra la fe de los musulmanes, frente a las exigencias del ordenamiento jurídico marroquí que preservan los valores religiosos y espirituales del Reino. Tras la Semana Santa, el director del colegio americano de Casablanca no fue autorizado a desembarcar del avión cuando regresaba de sus vacaciones. La represión alcanza a otros profesores de ese centro.

Ahora los ulemas de Marruecos se proponen confirmar esas actuaciones, por considerarlas una violación moral, una forma de terrorismo religioso y una especie de secuestro secreto de niños inocentes, según los términos del mensaje dirigido al Monarca. Y, como suele suceder en casos flagrantes de intolerancia, se reprocha a los misioneros cristianos una empresa de explotación despreciable y agresiva dirigida contra poblaciones de un país apacible, conocidas, a través de los tiempos, por su gran tolerancia hacia los adeptos de las demás religiones.

El diario Le Monde, siempre atento a la defensa de las libertades básicas, envió a una periodista, que publicó el 6 de abril una larga crónica. Recuerda que en Marruecos viven actualmente unos quinientos misioneros. Pero nadie daba entonces razón de esta ola de expulsiones, como tampoco del endurecimiento de la actividad policial que, por ejemplo, penetraba hace poco en un templo protestante de Marrakech y detenía a un congolés y a un tchadiano. Al fin y al cabo, frente a los 30.000 cristianos extranjeros, los cristianos marroquíes apenas son 2000. Se les tolera, siempre que practiquen la fe de un modo casi oculto y no se reúnan a la vez más de veinte personales. Las conversiones son muy raras.

El posterior mensaje de los ulemas viene a confirmar la política oficial, que comenzó a gestarse tras los atentados de Casablanca. Combina la dura represión de los extremistas, con el cierre de cientos de escuelas coránicas chiítas, por ejemplo, la iraquí de Rabat, con la promoción de un Islam supuestamente “moderado”, que no incluye el respeto de la plena libertad religiosa para las demás confesiones. Aunque sea al precio de presentar también como integristas o fundamentalistas a los misioneros cristianos. Y de afirmar que prefieren las expulsiones de extranjeros a abrirles procesos que podrían terminar con las severas sanciones previstas en las leyes penales. Pero sin dar explicaciones oficiales a la Nunciatura ni a las iglesias protestantes.

Salvador Bernal