Jueves 08/12/2016. Actualizado 01:00h

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Tribunas

Una ley que no conviene a Europa

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Días pasados, además de los tristes sucesos de caza y captura de las declaraciones de los obispos, -fenómeno que habrá que analizar con calma-, ha vuelto al protagonismo social el proyecto de Ley de libertad religiosa, que es lo que ansían las huestes laicistas para la anunciada por ellos derrota final de la Iglesia católica en España. Por más que la Vicepresidenta del Gobierno, a no ser que cambie de opinión en los próximos días, -ella sabrá por qué-, insista en que la Ley de libertad religiosa, que dudamos lo sea, no está olvidada en el baúl de las promesa para los más radicales, lo que está claro es que mientras España tenga entre manos la presidencia europea no se va a abrir este melón. Con la crisis a cuestas, a Zapatero no le interesa ser el presidente del laicismo legislativo, ejecutivo y judicial europeo. Europa es mucha Europa y la Santa Sede juega muy fuerte en ese campo; mientras que aquí al Gobierno le suele salir bien la doble vara de medir, por un lado la conferencia episcopal y por otro la vía del Embajador ante el Vaticano, la Presidencia europea no acepta tan fácilmente esos malabarismos.

En resumen, que el proyecto de ley no va a entrar en funcionamiento hasta finales del mes de junio, como muy pronto. Un pistoletazo de salida para una propuesta que tendrá que pasar el rubicón de lo preceptivos órganos de estudio y consulta, desde el Consejo de Estado, con quien parece contar el presidente Zapatero –después de lo del matrimonio homosexual, ni una más-, hasta los ministerios implicados. Así nos plantamos, como mínimo, en más de un año y medio. Nos colocamos en el final de la legislatura, sin tener en cuenta el tiempo de descuento de un más que probable adelanto electoral.

Otra cuestión es el contenido de la Ley. Aunque el profetismo no suele conjugar con el periodismo, podemos pensar que la Ley de libertad religiosa pudiera ser más una Ley de memoria histórica de la libertad religiosa que otra cosa. Un texto que confiera más derechos a las minorías religiosas, a cambio de un mayor control indirecto, y que pretenda, con una especie de escrupulosa técnica jurídica, restar de facto capacidad de maniobra a la Iglesia católica. Y, por supuesto, acabar con la simbología religiosa en la plaza pública. Vamos, lo que el Presidente del Gobierno llama normalización. Una ley que no conviene a Europa, pero sí a España.

 

José Francisco Serrano Oceja