Viernes 18/08/2017. Actualizado 01:00h

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Tribunas

La “gracia” de don Pascual

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Pascual Sala se ha marchado del Tribunal Constitucional produciendo un maremoto silencioso en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, entre la Iglesia y el Gobierno. Aparentemente la cuestión puede parecer menor, en referencia a otros asuntos en los que las decisiones del Alto Tribunal implican algo más que una disposición de técnica jurídica, interpretativa, por supuesto.

El recurso presentado hace once años por el PSOE y por la autodenominada Izquierda Unida contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de Aznar y contra la posibilidad de hecho de que la Iglesia crea nuevas universidades ha sido la última "gracia" jurídica de don Pascual, Sala para más datos.

Existía un acuerdo tácito entre los magistrados del Constitucional para que, en este complejo momento de la historia de España, salieran adelante las sentencias que no tuvieran, en la práctica, un nivel de divergencia de opiniones que hubiera que poner en acto, utilizar para ser más claros, el voto de calidad del Presidente. Sin embargo, y de forma sorprendente, se introdujo en los trabajos y los días del Constitucional este recurso para añadir una patata caliente al gobierno del Partido Popular.

Para más señas; en los fundamentos jurídicos de la Sentencia se resuelve la cuestión en solo cuatro folios. Lo demás es práctica jurídica. Un hecho que ha provocado que seis magistrados redacten sendos votos particulares en los que queda en evidencia un principio que, con la Sentencia, se ha puesto en discusión. Un principio de la más elemental inteligencia histórica: el Estado le roba a la Iglesia, la institución que creó las Universidades, la potestad para crear nuevos centros. El estad silencia a la Iglesia en su elocuencia del saber y de la aportación a la ciencia.

Y como también afirman los votos particulares, esta potestad de la Iglesia no vulnera el principio de igualdad. Todo lo contrario. Las Universidades que se han creado en la historia reciente, reconocida la facultad en los Acuerdos Iglesia y Estado, se han sometido a la legislación civil como cualesquiera otras universidades, del Estado o privadas.

Ahora la patata caliente la tiene el gobierno y los interlocutores de la Iglesia, que son dobles, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia episcopal. En estos momentos se está estudiando por parte de la Conferencia Episcopal cómo proceder. Un trabajo que, por desgracia, para el Gobierno no parece prioritario. Un nuevo recurso planea en el horizonte. Siendo maximalistas, esta Sentencia aporta un dato más a la espita de la reforma de los Acuerdos, en un momento y en un lugar poco oportuno.

Don Pascual Sala ha prestado, con esta sentencia, un último servicio al PSOE y a IU. Un servicio probablemente impagable.

José Francisco Serrano Ocejajfsoc@ono.com

“Somos
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