Sábado 19/08/2017. Actualizado 01:00h

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Tribunas

El fin de la vida en Italia y Francia

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Con la dimisión de Mario Monti, el presidente italiano Giorgio Napolitano ha decidido disolver las Cámaras y convocar elecciones legislativas a finales de febrero. De este modo, el filibusterismo practicado en el Senado por miembros de la oposición ha conseguido el objetivo de impedir la aprobación de la ley remitida por la Cámara de Diputados en julio de 2011. El título de la norma era largo pero expresivo de la voluntad de los legisladores: "disposiciones sobre alianza terapéutica, el consentimiento informado y las declaraciones anticipadas de tratamiento". El proceso parlamentario fue largo –el texto venía del Senado en 2009‑, influido por los casos Welby y Englaro, y el proyecto obtuvo 278 votos a favor, 205 en contra, con 7 abstenciones: un apoyo superior a la mayoría existente para otras cuestiones.

Ciertamente, no se trata de un asunto confesional católico, pero sí profundamente religioso, como muestra la coincidencia de fondo entre los responsables de las diversas confesiones en el mundo occidental. Se confirma en Italia, al comprobar que parlamentarios "laicos" –en el sentido que recibe este término en la política transalpina‑ votaron con los "católicos" a favor de un proyecto, que tiene ahora un futuro incierto, por el previsible cambio en 2013: volverán a ser polémicos temas sobre los que se había alcanzado consenso mayoritario. Pero, como escribió en su día Francesco D'Agostino, catedrático de Filosofía del Derecho en Roma, la ley aplicaba los principios de la medicina hipocrática, que data del siglo IV aC, con su prioridad para el respeto a la vida y su rechazo frontal de la eutanasia.

El artículo 32 de la Constitución especifica que "la República protege la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad, y garantiza la atención médica gratuita a los indigentes"; así como que "nadie puede ser obligado a un determinado tratamiento médico si no es por disposición de una ley". Pero, a pesar de esos principios y de las normas explícitas del Código penal, pueden producirse decisiones judiciales que apliquen las leyes adaptándolas a puntos de vista basados en una difusa evolución social, como en el tristemente famoso caso de Eluana Englaro.

También en Francia se abre ahora un nuevo debate, con la conclusión de la comisión Sicard. Su informe está en manos del presidente de la República, quien parece decidido, en contra de lo que se deduce de los resúmenes publicados de ese documento, a modificar la ley vigente ‑la ley Leonetti de 2005‑, que armoniza el progreso científico y la dignidad de la persona: rechaza la eutanasia y respeta la voluntad del paciente.

Sin embargo, nada más recibir ese informe, el Elíseo reaccionó con una rapidez inusitada, como si no tuviera en cuenta la infinidad de matices del problema. Una nota oficial promete que el gobierno presentará un proyecto de ley en junio, aunque preguntará antes al Comité Consultivo Nacional de Ética, entre otras cosas, "las condiciones estrictas para permitir a un paciente consciente y autónomo, que sufre una enfermedad grave e incurable, ser asistido de acuerdo con su voluntad para poner fin a su vida por sí mismo".

No parece ser esto lo que desean los ciudadanos, si se atiende a la información incluida en un estudio del Instituto francés de estudios demográficos, publicado en la revista científica BMC Palliative Care, y resumido en la edición de Le Monde del 5 de diciembre: confirman el rechazo social de la eutanasia. Poco después, el día 12, la Academia de Medicina recordaba con toda claridad que "ningún médico puede consentir en dar la muerte".

La situación es delicada, también porque la economía influye demasiado en los problemas de la sanidad y, sin duda, la eutanasia es mucho más barata que la medicina paliativa. No menos importante es cierto clima de vejez y cansancio ético en la sociedad, con una creciente dificultad para aceptar el dolor. Quizá por esto, los autores del informe Sicard señalan que "la praxis eutanásica desarrolla su propia dinámica resistiendo a todo control efectivo y tiende necesariamente a expandirse".

Pero el daño más grave que puede derivarse de leyes permisivas en tema tan delicado como el fin de la vida, podría ser –en palabras también del informe Sicard‑ que "interioriza representaciones sociales negativas de las situaciones de vejez, enfermedad y discapacidad", y comporta el riesgo de alejar la medicina de su "deber universal de humanidad en el cuidado y el acompañamiento del enfermo".

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