Domingo 20/08/2017. Actualizado 01:00h

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Tribunas

Rouco y la reforma educativa

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El mundo mira a Roma. En Madrid, en España, la vida sigue. Por ejemplo, ha pasado inadvertida la intervención del arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Rouco Varela, en la Academia de Ciencias Morales y Políticas sobre la propuesta Ley de Educación del ministro Wert, en el contexto del sistema educativo.

Sabemos de esta aportación por la página web de la Academia, que ha colgado una síntesis de lo que dijo el cardenal. Una intervención que transita por la historia, la filosofía de la educación y la propuesta práctica ante lo que el cardenal denomina, con palabras de Benedicto XVI, una "emergencia educativa".

El cardenal Rouco afirmó que "el problema práctico del derecho a la educación, en su ultimidad, sólo es descifrable y resoluble a la luz de una pedagogía rigurosamente reflexionada y articulada en relación intrínseca con la filosofía y la teología de lo humano".

Metido ya en la harina de la inmediata historia de España, se refirió a la Constitución, al artículo 27 y a la cuestión de la asignatura de religión. Aclaró que "la elección de la enseñanza de la religión y moral católica en los centros públicos por parte de los padres se ha visto dificultada crecientemente en virtud de dos factores", como son "la obligación de efectuar por escrito al comienzo de cada curso la implantación de la clase de religión y moral católica y la carencia de una verdadera alternativa académica para los alumnos que no eligen la clase de religión. Sin una clara e equiparable exigencia académica para los alumnos que no la eligen, la discriminación de los alumnos de la clase de religión se produce inevitablemente desde el punto de vista escolar".

Pero las dificultades en el ejercicio constitucional del derecho a la educación no terminan ahí. Según el arzobispo de Madrid, "se ha hecho muy difícil, sobre todo en ciertas Comunidades Autónomas, la práctica del derecho a la elección de Centros en las condiciones de gratuidad, garantizada constitucionalmente. El margen de discrecionalidad administrativa, que se atribuyen las Comunidades Autónomas a la hora de conceder o no conceder 'los conciertos', resulta difícilmente compatible con las garantías constitucionales de los derechos de los padres y de los alumnos en la elección del Centro docente"

Para concluir, una batería de preguntas, que son mucho más que retóricas: "¿No sería posible concitar un consenso político y social en el debate educativo en torno a estas bases pre-políticas, anteriores al derecho positivo, en el actual momento de España? ¿Por qué no podría ser nuevamente viable un diálogo, buscando un nuevo consenso cultural y político-jurídico en el debate de la cuestión educativa en el momento actual de España? Más aún, ¿por qué no introducirlo en el gran debate nacional sobre el presente y futuro de España?".

José Francisco Serrano Ocejajfsoc@ono.com

“Somos
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