Viernes 09/12/2016. Actualizado 01:00h

·Publicidad·

Tribunas

Ética y derecho en la vida pública

    • Facebook (Me gusta)
    • Tweetea!
    • Google Plus One
  • Compartir:

El sentido profundo de la dimisión sigue siendo una gran asignatura pendiente en la España democrática. Casi nadie la presenta por estos pagos: ni en partidos ni en medios, cada vez más entremezclados. A veces, se dan incomprensibles dimisiones parciales, como si no se quisiera renunciar al anacrónico privilegio de la inmunidad parlamentaria. Se comprende ante la lejanía de la responsabilidad penal, por la desesperante duración de los procesos.

Un magistrado del Tribunal Supremo dijo, al parecer, que el recurso de casación contra el auto de los jueces valencianos en el caso Camps podría llevar un año. No llevo las cuentas, pero me parece que ha pasado el año y ni siquiera está resuelto el trámite de admisión del recurso. Esos tiempos quizá podrían ser aceptables para asuntos jurídicamente muy complejos. Pero no se entienden para una cuestión tan simple como ésta. Va a tardar más comprobar la legalidad que la instrucción del sumario y la decisión de sobreseimiento.

Ante esas velocidades, se comprende la resistencia de los políticos a dimitir cuando son imputados. En otros países, con cultura democrática más arraigada, lo primero es abandonar, incluso con el argumento de poder defender así mejor la inocencia. Porque está claro que no se puede ejercer ningún poder con sombras de ilegalidad, por pequeñas que sean. Pero la desesperante duración del proceso penal no facilita un deseable cambio de costumbres.

En el fondo, las costumbres –que eso es la ética se confunden con el derecho positivo. El mayor sinvergüenza puede baladronear de inocente mientras no sea condenado por sentencia firme. Por muy inmoral que sea, y lo parezca, y todo el mundo lo entienda así.

Me asombra, por ejemplo, que el juez Garzón haya pedido a vocales del Consejo del Poder Judicial que se abstengan de juzgar sobre su posible suspensión. Si fuera coherente, hace tiempo habría dimitido o pedido la excedencia –o lo que corresponda en la carrera y oficio de los jueces en cuanto se cuestionó su rectitud por haber ordenado la grabación de las conversaciones de abogados con sus clientes: tamaña impostura no es de recibo en un país democráticamente civilizado.

Por ahí circulan –algunos desde hace muchos años figuras de cierto relieve en partidos políticos, que son juzgados, y más bien condenados, aunque sin garantías, en los medios de comunicación. Mientras sigan en esas formaciones, seguirá avanzando el dañino descrédito de la política, que suele dar lugar al abstencionismo y a populismos muy peligrosos para las libertades y la concordia civil.

En la Facultad de Derecho de la entonces Central, hoy Complutense, aprendimos con Federico de Castro que el ordenamiento jurídico tiene un substrato ético que le confiere legitimidad. De ahí no siempre se derivan acciones exigibles ante los Tribunales, salvo evidente violación de los que él llamada principios generales del Derecho.

Por paradoja, la fuerte tendencia laicista a recluir la moral en el ámbito de lo privado está provocando unos efectos perversos, en el sentido sociológico del término, en línea de irresponsabilidad ética de los profesionales de la política. La moral pública española sólo tiene que perder con la creciente judicialización de la vida colectiva. Como si los políticos sólo pudieran ser juzgados definitivamente por leyes y jueces. Mientras se dilatan las sentencias, con desesperación de la gente honrada, apelan a conspiraciones, ensañamientos y persecuciones. Pero no reconocen aquello de la mujer del César: quizá porque sí son lo que parecen.

Salvador Bernal