Viernes 09/12/2016. Actualizado 01:00h

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Tribunas

Darfur: quiebra del Derecho Internacional

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La Unión Europea mostró su malestar al gobierno de Kenya por recibir en visita oficial, con motivo de la promulgación de la nueva constitución del país, al presidente de Sudán Omar Al-Bashir, sobre el que pesa un mandato internacional de arresto emitido por el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya. Christian Wenaweser lo considera una grave violación de las obligaciones asumidas por la firma del Estatuto de Roma, que estableció esa Corte, y que fue ratificado por Kenya. Lo había recordado expresamente a Nairobi Catherine Ashton, jefe de la diplomacia de la UE.

En la práctica, el presidente sudanés ha viajado a diferentes países de África sin problemas: una extraña solidaridad que algunos observadores interpretan como defensa mutua ante el riesgo de que desde La Haya se tomen decisiones contra otros gobiernos de un continente asediado por demasiadas violencias.

Todo esto coincide con un recrudecimiento de las acciones armadas en la región de Darfur, origen del mandato de arresto contra el presidente de Sudán. A comienzos de agosto murieron decenas de personas en ataques de hombres armados en un concurrido mercado de Tabarat en Tawila, al norte de Darfur. Esa zona se considera controlada por el Ejército Sudanés de Liberación, grupo rebelde que se alzó en armas contra el gobierno de Jartum en febrero de 2003. Se acusa de esos últimos ataques contra la población civil al ejército gubernamental y a las milicias Janjaweed, las milicias árabes aliadas a Jartum.

Por su parte, la UNAMID, la fuerza conjunta desplegada en Darfur por la ONU y la Unión Africana, informó de que había recibido informes de que hombres a caballo y en camello, al estilo de los que usan los Janjaweed, habían sido los autores del ataque al mercado.

Aunque las informaciones son contradictorias, vienen a confirmar la intensificación de las hostilidades de esta guerra civil que ha causado ya más de trescientos mil muertos, y del orden de dos millones y medio de desplazados, la mayoría dentro de Sudán, aunque hay unos trescientos mil refugiados en el extranjero, especialmente en el Chad y en la República Centroafricana.

Se han hecho muchos esfuerzos internacionales para promover la paz. En enero se firmó un acuerdo global, después de casi dos años y medio de negociaciones, bajo fuerte presión de Estados Unidos. Se hicieron concesiones de entidad por parte de los dos campos principales. El gobierno del general Al-Bashir esperaba conseguir la supresión de las actuales sanciones occidentales, dando paso a una relativa “normalización” que permitiera la llegada de compañías capaces de desarrollar adecuadamente el enorme potencial petrolero de Sudán.

Pero pronto la violencia se apoderó de la región, tras el relativo declive de los enfrentamientos en 2008 y 2009. En el mes de mayo, el más sangriento de los últimos tres años, el número de víctimas fue cinco veces el promedio mensual registrado en 2009. Cerca de seiscientas personas murieron en enfrentamientos entre rebeldes y fuerzas gubernamentales.

El conflicto se ha complicado por la progresiva división en facciones de los diversos campos. Por otra parte el gobierno de Jartum se distancia cada vez más de Washington, para acercarse a Pekín y a otros países emergentes de Asia, así como a los del Golfo. Al-Bashir juega con la realidad de la potencia petrolífera de Sudán, tercer productor del África subsahariana. Pero, como las reservas se sitúan en el Sur, cerca de la frontera con el Norte, la guerra por el poder resulta inevitable.

De este modo, prosigue la inexorable cadencia de una de las grandes catástrofes humanitarias de nuestro tiempo, ante el silencio de Occidente: muestra la flaqueza del Derecho internacional. Y todo, sin acentuar los aspectos religiosos, pues el prepotente Norte quiere imponer la sharia al Sur, de población muy cristiana.

Salvador Bernal