Aumenta la exclusión social a pesar de la ligera recuperación económica

Cáritas constata que en las diócesis donde se implican párrocos y obispos la actividad solidaria sale adelante

Ha presentado el informe anual sobre la pobreza en España de la Fundación Foessa. Son necesarios 10.000 millones de euros para proteger a los grupos más vulnerables

Atención a inmigrantes en una sede de Cáritas.
Atención a inmigrantes en una sede de Cáritas.

La Fundación Foessa de Cáritas Española ha presentado el informe anual “Análisis y Perspectivas 2016” que analiza la situación de la pobreza y exclusión en España. El estudio constata que la pobreza se ha reducido muy poco a pesar de la ligera recuperación económica. En 14 Comunidades Autónomas, 4 de cada diez desempleados son parados de muy larga duración, lo que conlleva a un aumento de los grupos más vulnerables. Este informe señala que es necesario 10.000 millones de euros para garantizar la adecuada protección de esos colectivos sociales.

Este informe titulado “Expulsión Social y Recuperación Económica”, constata una España a dos velocidades en términos de exclusión social, es decir las diferencias en el eje norte-sur no sólo se mantienen, sino que tienden a aumentar.

Mientras Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Canarias y las Islas Baleares se encontrarían en peor situación ante una eventual salida de la crisis, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón se encontrarían en mejor situación, desde el punto de vista de la pobreza, la desigualdad y el desempleo más grave.

El informe ha sido presentado en rueda de prensa celebrada ayer en la sede de Cáritas Española por Natalia Peiro, directora del área de Comunicación, Sensibilización e Incidencia y Guillermo Fernández, miembro del Comité Técnico de Foessa. 

En declaraciones a Religión Confidencial, Natalia Peiro ha afirmado que muchas de estas personas más vulnerables se acercan a las sedes de Cáritas de las distintas diócesis en búsqueda de ayuda social. “En aquellas donde se implican con más dedicación párrocos y obispos, la actividad solidaria de Cáritas sale adelante con más profesionalidad y llega a más gente”.

Peiro declara que en los últimos años, obispos y párrocos se están involucrando con mayor entrega a Cáritas, debido al aumento de la pobreza en España y gracias al impulso del Papa y del cardenal Luis Antonio Tagle, presidente de Cáritas Internacional.

Débil recuperación del empleo

El informe FOESSA destaca, entre otras conclusiones, que la recuperación del empleo es muy débil y la “situación de salida” para el conjunto de las CC.AA. ofrece una peor situación respecto a 2009, durante el primer impacto de la crisis. Por lo tanto, la probabilidad de que aumente la bolsa de la exclusión social, a pesar del crecimiento económico, es muy elevada.

Asimismo, los ingresos de los hogares han caído espectacularmente desde el primer impacto de la crisis, con una reducción que supera el 10%. Respecto a los hogares con todos sus miembros activos en paro, no ha habido ninguna Comunidad Autónoma que haya logrado reducir esta situación a niveles anteriores a 2009.

Para el presidente de Cáritas y de la Fundación Foessa, Rafael del Río, esta situación se debe,  no a la crisis, “sino al modelo social, a cómo nos planteamos la construcción de nuestra sociedad a lo que se suma una insuficiente e ineficiente apoyo por parte de los mecanismos públicos de protección”.

Propone una renta garantizada

Entre las propuestas para rescatar a las personas más vulnerables, Cáritas propone: creación de una Renta Garantizada. Se estima un coste de entre 2.700 y 3.600 millones de euros para una cobertura entre el 75% y el 100% de los posibles hogares sin ingresos beneficiarios de la prestación. Esta renta se extendería a través de un programa de bonificación al empleo. Tendría un  coste de entre 2.300 y 5.200 millones de euros.

 

Además, solicitan un aumento de la protección a la familia y la infancia a través de la ampliación de la cobertura de la actual deducción fiscal reembolsable para familias numerosas, personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos. El coste suondría una inversión cercana a los 7.000 millones de euros. 

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