Viernes 02/12/2016. Actualizado 01:00h

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Iglesia-Estado

El Gobierno vuelve a centrar la oposición a la Ley del Aborto en la Iglesia católica, tras las palabras de Martínez Camino

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La decisión conjunta de los obispos de no acudir a la Manifestación del 17-O cortó de cuajo la argumentación del Gobierno de Zapatero y del PSOE según la cual la oposición a la nueva legislación del aborto era una cuestión religiosa y tenía detrás a la Iglesia católica. Pero el recordatorio de Martínez Camino a los políticos católicos sobre su grave responsabilidad si votan la ley -los pondría en "pecado público", dijo el portavoz de la CEE- ha devuelto su coartada al Gobierno.

Sin entrar al fondo del debate, el derecho a la vida del nasciturus, la ministra de Igualdad ha acusado este fin de semana a los obispos de querer interferir en el proceso legislativo. "En España, dijo, se legisla en el Parlamento y en ningún caso desde los púlpitos". El ministro de Fomento, José Blanco, añadió ayer que "llevar el catecismo al Código Penal es inasumible por una sociedad civilizada".

Las palabras del secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española provocaron el pasado miércoles reacciones en todos los partidos políticos. Nada nuevo, la doctrina cristiana de siempre. Pero un aldabonazo para los partidos con tradición cristiana, como CIU o PNV, y un recordatorio para el Partido Popular, destino principal de los votos católicos, y los políticos socialistas que repiten, casi todos los días, su condición de católicos.

Pero las declaraciones de Camino han tenido también efectos colaterales. Tras perder puntos en la batalla de la opinión pública con la Manifestación del 17-O, promovida por asociaciones civiles y protagonizada mayoritariamente por ciudadanos, sin fotos de obispos en las portadas de los periódicos, las palabras del portavoz de los obispos han permitido al PSOE y a los miembros Gobierno, volver a centrar la oposición a la Ley del Aborto en la Iglesia católica.

La ministra promotora de la ley, Bibiana Aído, usó el sábado su manida frase "en España se legisla en el Parlamento y en ningún caso desde los púlpitos". José Blanco elaboraba más su argumentación el domingo en su blog : "La confusión entre pecado y delito, la idea obsoleta de que el Estado debe actuar como brazo ejecutor de la doctrina de la Iglesia, la injusta pretensión de obligar a todos a vivir según las creencias de algunos, la nunca abandonada aspiración de hegemonizar moralmente a la sociedad a través de las leyes, es la causa principal de que muchos sigan viendo hoy a la Iglesia Católica como un instrumento de opresión".

A pesar de que Martínez Camino insistió en que "la Iglesia está al lado de las mujeres, y no quiere que vayan a la cárcel", Blanco, añadía ayer en su 'cuaderno de notas' que "no hay ninguna amenaza eclesiástica que pueda inducirme, como miembro del Parlamento, a promover una legislación que convierta en delincuentes a las mujeres que quieren decidir sobre su maternidad". Vuelve la veta religiosa del debate del aborto, demasiado jugosa como para dejarla escapar.