Miércoles 07/12/2016. Actualizado 01:00h

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Iglesia-Estado

La Conferencia Episcopal debatirá esta semana un informe para el Gobierno con unos "contenidos aceptables" de Epc

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La decisión del Tribunal Supremo del pasado 28 de enero, que se pronunció en contra del derecho de los padres a objetar la asignatura Educación para la Ciudadanía, ha llevado a los obispos españoles a cambiar su estrategia. Ya no quieren tumbarla. Ahora van a optar por proponer al Gobierno unos contenidos de consenso.

 

Según fuentes cercanas a la Conferencia Episcopal a las que ha tenido acceso Religión Confidencial, en la Comisión Permanente de esta semana, que se celebrará los días 16, 17 y 18 de junio, se van a consensuar los contenidos que consideran "aceptables" para incluir en la asignatura de Epc, un programa que van a ofrecer al Gobierno para poner así fin a la polémica asignatura que introduce la LOE.

 

Tras conocerse la sentencia del Supremo, los pasados días 17 y 18 de febrero la Conferencia Episcopal ya expresó su propuesta en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Entonces afirmaron que una asignatura que "no hubiera invadido el campo de la formación de la conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a la explicación del ordenamiento constitucional y de las declaraciones universales de los derechos humanos, habría sido aceptable e incluso, tal vez, deseable”.

Insistían en que "con la introducción de la LOE –tal como está planteada en los Reales Decretos– el Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democrático de Derecho".

En numerosas ocasiones, la última en junio de 2007, los obispos habían expresado su oposición a que "el Estado suplante a la sociedad como educador de la conciencia moral, ya que su obligación es promover y garantizar el ejercicio del derecho a la educación por aquellos sujetos a quienes les corresponde tal función, en el marco de un ordenamiento democrático respetuoso de la libertad de conciencia y del pluralismo social".

Ahora, la opción que se ha tomado es renunciar a una batalla frontal contra la implantación de la asignatura, pero, a cambio, intentar minimizar sus efectos negativos mediante la preparación y redacción de unos contenidos que, respondiendo al programa básico, puedan sin embargo ser asumidos por los padres, las familias, los católicos y por personas con planteamientos morales de fondo.