Viernes 18/08/2017. Actualizado 01:00h

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Diócesis

La Santa Sede y España, árbitros en el conflicto entre Aragón y Cataluña por la propiedad de los bienes eclesiásticos

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Los bienes eclesiásticos están en un museo de Lérida pero hay varias sentencias que reclaman que se devuelvan a los obispados de Huesca y Barbastro-Monzón.

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Para conocer dónde se quedarán finalmente estos bienes parece que será necesaria la intervención de El Vaticano y España. Así quedó patente en la primera de las ponencias del XXIII Foro de Derecho Aragonés organizado por el Colegio de Abogados de Aragón.


Mientras juristas como Fernando García Vicente o el Abogado del Estado, Rafael Santacruz, consideraron que son los obispos aragoneses los que deben ejecutar las sentencias o, en el caso de que así no se haga, puedan intervenir las administraciones aragonesas, el abogado de ambas diócesis, Hipólito Gómez de las Roces, defendió el criticado papel de los obispos y reclamó la actuación del Estado español y el Vaticano, en virtud de los acuerdos del Concordato, según Gómez de las Roces, el artículo 118 de la Constitución, que indica que es obligado cumplir las sentencias.


García Vicente recordó que "un juez tiene que llevar las sentencias hasta el final" y advirtió que el que no acata estas sentencias ni las hace cumplir "se está acercando a un lado peligroso" y cae en la "irresponsabilidad". Reprochó la negativa de los obispos a ceder la titularidad de los bienes al Gobierno de Aragón, como se ha reclamado, y también la negativa del nuncio al cumplimiento de las sentencias favorables a los obispos aragoneses e, incluso en última instancia el Papa Francisco. El Justicia defendió incluso que el Gobierno de Aragón subrogue el ejercicio de las acciones y, aunque rechazó las medidas contundentes, no descartó ninguna vía, porque todas darían la razón a Aragón, como indican dos sentencias.


Por su parte, el abogado de las diócesis, Gómez de las Roces, defendió el papel de los obispos, ya que "no dan puntada sin hilo y todas sus decisiones están fundadas y bien asesoradas". Solicitó la intercesión del Gobierno de España y del Vaticano, porque, a su juicio, es un pleito que "depende de ellos". Asimismo, indicó que es un litigio "clarísimamente político y no eclesial". Aunque su posición fue contra el sentir generalizado de la sala, Gómez de las Roces defendió que no se dé la titularidad a la DGA porque "no hace falta transmitir la titularidad para que se recuperen".



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